Archivo de Público
Sábado, 20 de Diciembre de 2008

Zapatero y Montilla desbrozan el pacto sobre financiación

La reunión de los dos dirigentes en La Moncloa prepara el terreno para un pacto inminente

DAVID MIRÓ ·20/12/2008 - 19:10h

"A día de hoy con lo tenemos encima de la mesa no hay acuerdo, pero sí se puede decir que ha habido avances". Así se expresaron el sábado desde la Generalitat después de la reunión de tres horas entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el president de la Generalitat, José Montilla, en La Moncloa para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica. Los dos presidentes estuvieron acompañados por sus respectivos equipos económicos, con el vicepresidente económico Pedro Solbes y el conseller Antoni Castells al frente.

Al acabar el encuentro, las discrepancias continuaban siendo "importantes", sobre todo en lo referente a cómo se debe realizar la nivelación de recursos entre autonomías, pero se veía factible cumplir con los plazos previstos. Quizá por eso ambas partes se esforzaron en trasladar una valoración "satisfactoria" de la reunión porque se había conseguido "acercar posiciones" de cara a cerrar el acuerdo durante los próximos días, si es posible antes de navidad para no abocarse a una negociación agónica.

En la reunión no se abordó ninguna cifra concreta

Aunque La Moncloa estaba interesada en anunciar el acuerdo este mismo fin de semana, desde el Govern ya advirtieron que el proceso no estaba suficientemente maduro y preferían que la jornada de trabajo del sábado se hubiera mantenido en secreto. Prueba de ello es que en la reunión no se abordó todavía ninguna cifra concreta. Primero habrá que desencallar el modelo y luego entrar en la espinosa cuestión de las cifras. Por eso, ahora los contactos volverán a ser "a nivel técnico", para así permitir que la próxima reunión política sea la definitiva.

Oposición de CiU

Se trata de un acuerdo complejo en el aspecto técnico, pero también en el político, que choca con el interés de Zapatero de cerrarlo cuanto antes. Antes de anunciar cualquier pacto, Montilla debe convencer a sus socios de gobierno, ERC e ICV-EUiA, de sus bondades, sobre todo a los republicanos, que temen una ofensiva en toda regla de CiU en contra del nuevo sistema. El presidente de CiU, Artur Mas, ya dejó claro el sábado que no tiene ninguna confianza en que el acuerdo final cumpla con el Estatut y denunció un nuevo "café para todos".

El Govern da por descontada la oposición de CiU a un eventual acuerdo y ya se está pertrechando de cifras sobre el anterior pacto, el de 2001 firmado entre CiU y el PP, para contrarrestar una campaña de desgaste.

Quien también respiró tranquila el sábado fue ERC, que se había mostrado inquieta ante las "prisas" de Zapatero por hacerse una foto con Montilla. El presidente de los republicanos, Joan Puigcercós, ha advertido de que su formación se replantearía su presencia en el gobierno si el PSC intenta dar por bueno un mal acuerdo. Por eso el sábado, durante la reunión Zapatero-Montilla, desde Moncloa se pusieron en contacto con los dirigentes de ERC para recabar también su opinión.

Comunidades del PSOE

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero necesita convencer al resto de comunidades gobernadas por el PSOE, muchas de las cuales recelan de las posturas del PSC, y luego intentar atraerse a alguna comunidad del PP como Madrid o Valencia, acuciadas por la falta de liquidez igual que Catalunya. En todo caso, aunque haya un acuerdo político antes del 31 de diciembre, el sistema no llegará a la concreción definitiva hasta la primavera de 2009, después de la necesaria reforma de la Lofca, la ley que rige la financiación de las comunidades de régimen común. Eso sí, el sistema se aplicaría de forma retroactiva desde el 1 de enero.

La situación de crisis económica es un handicap para el Gobierno, que no dispone de grandes recursos para poner encima de la mesa. Diferentes estimaciones calculan en unos 12.000 millones de euros lo que la administración central debería inyectar al sistema para reponder, entre otras cosas, al aumento de población de algunas comunidades. Con todo, hay dos factores que dan alas al optimismo. De una parte, la gradualidad que ya prevé el Estatut y que permite que el nuevo sistema no entre en vigor en toda su totalidad hasta 2011. Y luego, la posibilidad de aumentar el déficit público, ya prevista con la crisis y que en estos momentos se perfila como la única solución.