Un municipio italiano exige a los inmigrantes ganar 420 euros al mes y tener casa propia si quieren vivir allí
El alcalde de Citadella, en Padova, toma esta medida porque no quiere "extranjeros que no se sabe de qué viven o qué hacen"
El ayuntamiento de Cittadella, una pequeña localidad del norte de Italia, ha impuesto que los extranjeros tienen que ganar más de 420 euros al mes y contar con una casa en buen estado si quieren residir allí. Massimo Bitonci, alcalde de la localidad de la provincia norteña de Padua donde viven cerca de 20.000 personas, ha emitido una ordenanza por la cual quien quiera vivir en Cittadella tiene que cumplir una serie de requisitos, que ya han desatado las acusaciones de ser una medida "racista".
"No queremos que en nuestro territorio vivan extranjeros que no se sabe de qué viven o qué hacen, por lo que es necesario que tengan una renta mínima", explicó Bitonci al canal de televisión SKY.
El alcalde exige" una renta mínima de 5.000 euros al año, además de demostrar que se vive en una casa con las normales autorizaciones ediles y sanitarias". Otra de las exigencias de la normativa es "no tener antecedentes penales".
El primer ciudadano de Citadella asegura que la ordenanza "no es racista" y que responde a las peticiones de las ciudadanos "tras la gran oleada de inmigración registrada en la ciudad. Los alcaldes tenemos que ser el último baluarte de la defensa del territorio y responder a las exigencias de los ciudadanos", añadió.
Bitonci, exponente del partido ultraderechista y federalista Liga Norte, explicó a SKY que algunos alcaldes de las regiones norteñas de Veneto y Lombardia, entre ellos los de las ciudades de Treviso y Verona, le han pedido información para poder aplicar esta iniciativa en sus municipios.
De esta manera, los ciudadanos tendrán que demostrar que cuentan con "recursos económicos" de 5.061 euros al año en el caso de que el núcleo familiar sea de una o dos personas, de 10.123 euros en casi de tres o cuatro personas y 15.185 si se es familia numerosa.
El ministro de Solidaridad Social, Paolo Ferrero, aseguró que la medida es racista y discriminatoria porque "viola los derechos civiles y constitucionales" de las personas.