Hace tres meses, la Guardia Civil detuvo a 13 personas en Granada por supuesto fraude a la Seguridad Social para cobrar el paro. No fue el primer caso, ni será el último. Por eso, ahora que se trabaja en la elaboración de una prestación por cese de actividad para los autónomos, el Gobierno intentará confeccionar un modelo a prueba de estafas.

En lo que va de año, 53.417  trabajadores por cuenta propia se han dado de baja en el RETA; la mayoría, obligados por las circunstancias. El Ejecutivo ha recibido ya el informe que encargó a una comisión de expertos para diseñar un modelo de protección por desempleo similar al de los asalariados. Se cree que entrará en vigor en 2010.

Para evitar usos inadecuados de la medida, los expertos han diseñado una serie de mecanismos. “Las esferas habituales de actuación para prevenir el fraude en este tipo de programas han girado alrededor de dos ejes principales”, explican. Uno, orientando la prestación hacia un nivel de reposición de ingresos que, en relación a los que se perciben estando en activo, sea suficientemente reducido como para disuadir a posibles estafadores. Y otro, estableciendo modelos de seguro que incluyan un amplio abanico de requisitos a cumplir no sólo a la hora de generar el derecho a percibir la prestación, sino, en muchas ocasiones, durante su propio disfrute.

Limitaciones

Así, los expertos han trasladado al Ejecutivo la sugerencia de que la prestación por cese de actividad del colectivo sea de un máximo de seis meses, frente a los dos años del Régimen General. Además, la cuantía que percibirían los beneficiarios se ha establecido en un 70% de la base media reguladora, que en estos momentos sería de 922,51 euros y que, por tanto, se traduciría en 645,8 euros. Para ello, los autónomos deberán haber cotizado un mínimo de 12 meses, abonando una cuota mensual media de 29,1 euros.

Con el objetivo de impedir que un trabajador encadene estratégicamente periodos en activo y el cobro de la prestación, los expertos han aconsejado fijar un periodo de carencia de 24 meses. Además, debe tenerse en cuenta que el derecho a la prestación no se genera sólo con la cotización específica: a esta debe añadirse la cotización general y, cuando sea necesario, la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Esto implicaría un mayor coste de la cotización total anual (por el conjunto de las contingencias) respecto de la prestación por cese de actividad de algo más de 900 euros por año, de manera que incluso para el caso de la cotización bonificada de jóvenes menores de 30 años y mujeres con menos de 35 los costes de cotización serían mayores que los ingresos por prestaciones.

Estas recomendaciones forman parte del informe que Trabajo analiza para diseñar un proyecto de ley sobre la materia. Una vez lo elabore, modificándolo para mejorarlo, debatirá el texto con las organizaciones del sector (UPTA y ATA) y los interlocutores sociales, para después iniciar la tramitación parlamentaria.