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Martes, 9 de Diciembre de 2008

ANV enturbia la unidad de acción entre PSOE y PP

Rosa Díez forzará la votación que los socialistas impiden que se haga a iniciativa conservadora

G. LÓPEZ ALBA ·09/12/2008 - 22:02h

La sangre no llegará al río de romper la interlocución, pero no será por falta de ganas. La palabra "deslealtad" aún no ha saltado a los micrófonos, pero es la que mascullan miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE.

El portavoz parlamentario de los socialistas, José Antonio Alonso, apuntó la idea: "Si estamos en consenso, las cosas hay que hablarlas antes de hacerlas. El PP no nos ha avisado de que iba presentar su proposición no de ley y ni siquiera ha esperado a que el señor Rajoy envíe el informe jurídico que comprometió al ministro Rubalcaba".

Escaramuzas recíprocas

Conservadores y socialistas protagonizaron ayer varias escaramuzas a cuenta de la estrategia para desalojar a los miembros de ANV de los ayuntamientos que gobiernan.

Primero fue el PP. Llevó a la Mesa del Congreso su proposición no de ley para que se proceda a la disolución de los 42 consistorios gobernados por ANV, con el objetivo de que pudiera debatirse la próxima semana y alegando "el requisito claro de urgencia".

El Grupo Socialista, que se consideró burlado, respondió vetando la inclusión en el orden del día de esta iniciativa, que no pudo tramitarse por falta de unanimidad en la Junta de Portavoces, de modo que su debate se verá aplazado hasta febrero.

En el tercer acto, el PP dejó caer que mañana podría abstenerse en la votación del fondo de estímulo al empleo del que se beneficiarán todos los ayuntamientos.

"Sin cometer errores"

Tras estas escaramuzas, además del intento de capitalizar la iniciativa ante la opinión pública, se esconde una discrepancia de fondo. Mientras que el PP mantiene que el desalojo de los cargos locales de ANV es posible si abordar ninguna reforma legal, el Gobierno sostiene que con la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo "no existe fundamento jurídico".

En consecuencia, lo que el Ejecutivo plantea es una reforma de la ley de bases de régimen local que dé a esa decisión soporte jurídico, lo que inevitablemente retrasará la decisión política.

La cuestión no es menor porque, como reconoció Alonso, la decisión está abocada a ser recurrida ante tribunales nacionales e internacionales. "El Gobierno tiene una voluntad inequívoca de conseguir que ANV no esté en las instituciones, pero tenemos que hacerlo sin cometer errores que podrían volverse en contra nuestra", subrayó.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se aferró a que "es un clamor en la calle" que se debe proceder al desalojo de los cargos públicos de ANV y sostuvo que hay "motivos más que suficientes" para hacerlo ya, con la legislación vigente.

De este planteamiento discreparon los portavoces de otros grupos. Así, Josu Erkoreka, del PNV, apuntó que, dado que la ley exige actuar caso por caso, "no hay bases en absoluto" para aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases. Joan Ridao, de ERC, afirmó que no se dan las condiciones "de hecho ni de derecho", y Joan Herrera, de IU-ICV, se pronunció a favor del desalojo "político".

Votación, el día 16

En todo caso, el asunto será la próxima semana, el día 16, objeto de votación en el Congreso, a consecuencia de la interpelación que hoy presenta Rosa Díez, de UPyD.