Archivo de Público
Miércoles, 10 de Diciembre de 2008

Una promesa traicionada, una realidad posible

 Se cumplen 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, la realidad actual está aún muy lejos de esa visión

ITZIAR RUIZ-GIMÉNEZ / Presidenta de Amnistía Internacional España ·10/12/2008 - 08:00h

Hace 60 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El texto es relativamente breve, pero la belleza de sus palabras y de lo que suponen es conmovedora.

En Guantánamo siguen detenidas sin cargo alguno 270 personas

Es la visión de una sociedad de personas libres e iguales, no sometidas a "actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad" y "liberados del temor y de la miseria". ¿Puede alguien imaginar algo más visionario en este inicio del siglo XXI?

Sin embargo, levantemos nuestra vista de la Declaración y observemos alrededor: la realidad está aún muy lejos de esa visión. 1.252 personas fueron ejecutadas en 2007 por su propio Estado en 24 países y nuestra organización documentó casos de tortura en 81.

En Guántanamo siguen detenidas sin cargo alguno 270 personas, y en los primeros meses de 2008 fueron asesinados en Colombia 22 sindicalistas a manos de los distintos actores armados que actúan en el país. Y son sólo ejemplos de otras muchas situaciones intolerables que se viven en el mundo.

La protección para las víctimas de la violencia de género es insuficiente

Atentados de ETA

También en España, pese a los indudables avances conseguidos en los últimos 30 años de democracia, se siguen violando los derechos humanos. No podemos olvidar la grave amenaza contra ellos que supone ETA, que sigue cometiendo atentados y hostigando a amplios sectores de la población. Ni de la situación de las mujeres sometidas a violencia de género en España. Incluso tres años después de la aprobación de una ley que pretendía atajar este problema, los medios de protección a las víctimas son insuficientes. La situación es especialmente grave en el caso de las mujeres inmigrantes.

Menos conocido es el hecho de que la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes de seguridad, aunque no sistemática, es una práctica persistente y extendida en todo el Estado.

Este dato resulta más inquietante si tenemos en cuenta la impunidad efectiva de que disfrutan muchos agentes en relación con estos delitos.

Es también preocupante la existencia en nuestra legislación del régimen de incomunicación que puede extenderse hasta 13 días, ya que propicia la tortura y los malos tratos, y puede ser en sí mismo una forma de crueldad. El Gobierno debe eliminarlo, así como mostrar una tolerancia cero con los responsables de los casos de tortura.

Por otra parte, los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, no sólo en España sino en Europa, están siendo sacrificados en nombre del control de los flujos migratorios y la seguridad.

Además de soportar medidas que dificultan su acceso a derechos, se ven sometidos a abusos graves en todo el proceso de interceptación, detención y expulsión. También hay denuncias sobre ataques racistas por parte de agentes de seguridad.

Mientras tanto, España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no publica datos oficiales sobre delitos racistas y uno de los tres que no ha puesto en marcha un organismo independiente de lucha contra la discriminación racial.

Falta de voluntad

Pese al papel que España ha tenido en la aplicación efectiva del principio de justicia universal, en los últimos meses ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades para cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo, tal y como establece la normativa internacional.

España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia a la que se ha sometido a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Y para ello, las autoridades competentes deben responsabilizarse de aplicar los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos.

Respecto a la repercusión de las políticas españolas en la escena internacional, resultan muy preocupante las evidencias de connivencia del Gobierno español en los vuelos de la CIA para el traslado de detenidos fantasma, en el contexto de la llamada guerra contra el terror, práctica que vulnera la legalidad internacional de derechos humanos.

Pero más preocupante es la falta de investigación de estas evidencias por parte de las autoridades españolas.

¿Considerarán nuestros gobernantes que el hecho de que España haya participado en el envío de detenidos a la desaparición y la tortura no merece tanto revuelo?

Comercio de armas

En el ámbito del comercio de armas, la nueva ley relativa la venta de armamento, aprobada en el Congreso en 2007, exige una mayor transparencia y posibilita un mayor control parlamentario de este tipo de transacciones. Sin embargo, las exportaciones de armamento a países en conflicto o en los que se producen graves violaciones de los derechos humanos continúan, y la población civil de estos países se lleva la peor parte.

Frente a este escenario, los más de dos millones de miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo y las más de 50.000 personas que formamos parte del movimiento en España creemos firmemente que la promesa que encierra la Declaración de los Derechos Humanos es tan hermosa como realizable y necesaria.

Pero es fundamental que las personas que ejercen el poder renueven su compromiso con los 30 artículos que en su día tuvieron el coraje de proclamar los líderes mundiales, y que ellos no han tenido la determinación necesaria para defender.

Esto sólo será posible si mandamos a nuestros Gobiernos el mensaje claro de que no estamos dispuestos a tolerar falta de liderazgo en esta cuestión, y que los derechos humanos están y deben estar por encima de todo.