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Sábado, 6 de Diciembre de 2008

Los partidos exigen cambios pero pactados

Consideran que la propuesta realizada por el Gobierno en 2006 no es suficiente, aunque puede ser un buen "punto de partida"

IÑIGO ADURIZ ·06/12/2008 - 08:00h

Los partidos exigen cambios pero pactados.

La celebración del 30 aniversario de la Constitución ha vuelto a dividir a los partidos políticos con representación parlamentaria. Bien por razones ideológicas o por problemas de agenda, los ocho con menor número de votos no acudirán al acto conmemorativo que tendrá lugar hoy en el Congreso de los Diputados y que estará presidido por el rey.

Sin embargo, los once grupos parlamentarios incluidos los mayoritarios (PP y PSOE) en permanente disputa tienen una posición común en torno al futuro de la Carta Magna que hoy cumple tres décadas. Todos ellos reconocen que la Constitución ha sido el eje vertebrador de la democracia y del Estado de Derecho en nuestro país. Pero además, los portavoces de la totalidad de los partidos consultados por Público coinciden en señalar la necesidad de que el texto sea modificado por completo o en parte, para adaptarlo a los cambios sociales, políticos y económicos que desde 1978 han transformado España. Los representantes de los partidos condicionan esas modificaciones a que sean adoptadas por consenso.

El PSOE aboga por incorporar nuevos fenómenos sociales como la

Diferentes matices

Cada una de las formaciones introduce, no obstante, sus propios matices de cara a una posible reforma de la Constitución. El punto de partida sería, en todo caso, la propuesta de modificación que en la legislatura pasada el Gobierno presentó ante el Consejo de Estado. En el mismo, el Gabinete socialista consultaba a la alta institución acerca del procedimiento de reforma de cuatro aspectos concretos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; la plasmación en la Constitución del proceso de construcción europea; la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Jesús Quijano, cree que "es conveniente" que la Constitución se reforme, "aunque no es imprescindible porque ya ha garantizado una vida política normalizada". Para su grupo, es importante que la reforma se inicie con la propuesta planteada por el Gobierno en 2006 aunque también se muestra partidario de promulgar "cambios relacionados con fenómenos nuevos como el de la inmigración o la multiculturalidad".

Los conservadores quieren que se regule la enseñanza en castellano

Una visión restrictiva

Por parte del PP, el portavoz de Justicia de los conservadores, Federico Trillo, considera que la reforma debe ser "limitada", para que "no afecte a los pilares esenciales del sistema". La clave de esas modificaciones para el Partido Popular debe ser "garantizar la igualdad de todos los españoles". "Para ello, proponemos que las garantías [de derechos] del Estado se declaren intransferibles, que se regule la enseñanza en castellano en todos los niveles académicos, que se garantice una equilibrada distribución de los recursos naturales, así como el principio de la unidad del mercado", asegura.

Los partidos nacionalistas barren para casa al asegurar que una eventual reforma, además de reforzar el papel del Senado como cámara territorial, debería profundizar en la condición de Estado plurinacional del país. CiU centraría los esfuerzos en la modificación estructural de la Cámara Alta y también en los otros tres puntos propuestos por el Gobierno. PNV, ERC, BNG y NaBai, consideran, en cambio, que la reforma planteada por el anterior Ejecutivo es "de mínimos" .

Los grupos reconocen la dificultad de llegar a acuerdos

Para el portavoz de los nacionalistas vascos en la Comisión Constitucional del Congreso, Aitor Esteban, el Gobierno "no contempló los problemas de fondo". Él recuerda que su grupo no apoyó el texto de hace 30 años y que, por lo tanto, "hay muchas cosas sobre las que se deberían introducir cambios". En este mismo sentido se expresa el representante de Esquerra en la Cámara Baja, Joan Ridao, que cree que "el alcance de la reforma del Ejecutivo es modestísimo".

El "derecho a decidir"

Uno de los apartados que debería ser modificado, según el representante republicano, es aquel en el que se dice que"el único sujeto de la soberanía sea el Estado español", ya que a su juicio "limita el derecho a decidir" de otros pueblos. Además, a Ridao le llama la atención que "la mayoría de las democracias consolidadas hayan modificado en numerosas ocasiones su Constitución" y que "aquí no se haga".

Los nacionalistas gallegos aceptan la Carta Magna "como punto de partida, pero no de llegada, sobre todo cuando los partidos mayoritarios intentan continuamente ponerle restricciones". Para Francisco Jorquera, portavoz de BNG en el Congreso, "la Constitución estuvo condicionada por la amenaza de un golpe de Estado y fue fruto de un pacto de las fuerzas del franquismo con la oposición". Por eso, "es fundamental que se den pasos para adecuarla a las nuevas realidades". Por su parte, Coalición Canaria menciona la necesidad de incorporar en el texto la condición periférica de las Canarias, algo que ya asigna el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, ratificado a través de un referéndum por los españoles.

Los representantes de IU e ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, respectivamente, consideran que, al margen de la propuesta de hace dos años, el "objetivo" de la reforma "ha de ser configurar un Estado federal, plurinacional y republicano que permita acoger y acomodar la pluralidad nacional, lingüística y cultural existente". Llamazares menciona también la necesidad de suprimir "aquellos apartados que fueron una clara imposición de los poderes fácticos y suponen adherencias postfranquistas, como el papel de la Iglesia Católica".

Finalmente, la portavoz y fundadora de UPyD, Rosa Díez, considera que la reforma planteada por el Gobierno debe materializarse de forma inmediata para que se pueda "abrir un debate de otro calado" en torno a reformas que impliquen, por ejemplo, "la delimitación del techo competencial" del Estado .

La unanimidad en torno a la necesidad de la modificación constitucional contrasta con la heterogeneidad de las propuestas planteadas por los distintos partidos. Una de las condiciones para la reforma, planteada por todos los representantes políticos ,es que ésta se realice en base al consenso. Esa pluralidad de ideas dificulta precisamente la posibilidad de llegar a acuerdos en un futuro inmediato.

Reproches entre PP y PSOE

En este sentido, PSOE y PP se reprochan mutuamente que la propuesta planteada por el Ejecutivo hace dos años, y que se considera el primer paso hacia una reforma más amplia, no haya podido salir adelante. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, reconoce que las opciones de que en la presente legislatura se realicen modificaciones no son muchas "por la oposición del PP" al borrador del Gobierno. El conservador Federico Trillo afirma, en cambio, que "al Ejecutivo no le gustó el informe elaborado por el Consejo de Estado" y que "por eso está paralizada la reforma".

A los demás partidos no les queda más que resignarse a esperar a lo que decidan los dos grandes.