Archivo de Público
Viernes, 5 de Diciembre de 2008

El Gobierno emprende reformas legales para que ANV desaparezca

Encarga al servicio jurídico del Estado que explore la fórmula para echarla de los ayuntamientos

ANA PARDO DE VERA ·05/12/2008 - 13:59h

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero quiere echar de una vez por todas a la formación ilegalizada el pasado mes de septiembre, Acción Nacionalista Vasca (ANV), de los 42 ayuntamientos -24 de ellos con mayoría absoluta- donde gobierna y se ha puesto manos a la obra, incluyendo el dar luz verde al proyecto más complejo de todos: una reforma legal del alcance necesario, dentro del marco constitucional y con el máximo consenso entre los grupos parlamentarios para acabar con la capacidad de gestión de quienes amparan y se niegan a condenar los atentados de ETA.

Con el cuerpo de la última víctima de la banda terrorista , el empresario Ignacio Uría, recién sepultado y transmitido, una vez más, el pésame y el dolor del Gobierno a su familia, amigos y compañeros, la vicepresidenta hizo este viernes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el anuncio del último paso que quedaba por dar al Ejecutivo para tratar de eliminar cualquier vestigio de poder institucional de ANV. María Teresa Fernández de la Vega precisó que el Ejecutivo ha emprendido una actuación que abarca todos los frentes y explora todas las posibilidades que brinda la ley, para lo cual se ha puesto a trabajar el servicio jurídico del Estado.

Choque con el Constitucional

Una de esas vías, aunque la número dos del Gobierno no ocultó su dificultad, sería la ley de bases de régimen local. El artículo 61 de esta norma establece unos criterios respectivos a la disolución de los ayuntamientos que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), impiden prácticamente disolver un ayuntamiento gobernado por ANV.

En ese punto, la ley de régimen local recoge que se disuelvan las corporaciones municipales en las que sus órganos de gobierno den cobertura o apoyo, enaltezcan o justifiquen el terrorismo o a quienes participen en su ejecución, así como en el caso de que se menosprecie o humille a las víctimas o a sus familiares o se impida el ejercicio de algún concejal. La vicepresidenta ha recordado que la norma, además, determina que tiene que haber unas actuaciones reiteradas y graves, pero también acreditadas de forma probada.

Sin embargo, la jurisprudencia del Constitucional dicta que la ilegalización de un partido no conlleva la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o la no actuación de sus concejales, por lo que el Gobierno buscará vías alternativas para desalojar a los miembros de ANV de los consistorios.

De la Vega aseguró que para sacar adelante esta decisión, los miembros del Ejecutivo serán "tan escrupulosos como tenaces y decididos a que nadie pueda burlar la ley amparándose en ella".

Control de los 8.000 millones

En línea con el cerco a ANV emprendido por el Ejecutivo, su portavoz razonó ayer por qué al Gobierno no le parecía la más indicada la propuesta del PP de excluir a los ayuntamientos gobernados por ANV de la dotación de los 8.000 millones de euros que el Gobierno destinará a los consistorios para paliar la crisis.

"Desde el primer hasta el último euro tienen nombre y apellidos" y están destinados a la creación de empleo, aclaró la vicepresidenta, por lo que todas las personas beneficiarias serán "mujeres y hombres en paro". En su opinión, los ciudadanos de Euskadi, también muchos de los gobernados por ANV, "hace mucho tiempo que dijeron no a ETA". ""El Gobierno va a controlar el contenido, el destino y la ejecución de cada proyecto que se presente y lo hará con absoluta transparencia y control de estos fondos destinados a ciudadanos", garantizó.