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Viernes, 16 de Noviembre de 2007

Los dos jueces recusados por el Gobierno piden excluir una carta que desvirtúa las recusaciones del PP

EFE ·16/11/2007 - 12:36h

EFE - Imagen de archivo del secretario Ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa.

Los dos magistrados del sector conservador del Tribunal Constitucional recusados por el Gobierno han pedido al pleno que excluya del procedimiento la carta en la que seis de sus compañeros -incluidos dos conservadores- desmienten la información periodística en la que el PP se basó para recusar a tres de ellos.

Así se pronuncian Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata en sendos votos particulares a la providencia en la que el pleno, tras su reunión de ayer, acordó que no resolverá las recusaciones planteadas por el PP en su recurso contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) hasta que las partes se pronuncien sobre la citada carta.

El PP recusó el pasado 25 de octubre a Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps basándose en una información publicada el día anterior por El Mundo en la que se aseguraba que éstos "se mostraron partidarios de la reforma de la LOTC" en una reunión convocada por la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, el pasado 12 de junio.

Días después, todos los asistentes a la reunión -los cuatro citados, del sector progresista, más los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas- decían en una carta: "lo hablado por cada uno de nosotros (...), sin carácter jurisdiccional ni gubernativo, no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo".

Ahora, García-Calvo y Rodríguez-Zapata piden al pleno que no tenga en consideración ese escrito con el argumento de que desde el momento en que el Gobierno les recusó a ellos -lo que ocurrió el pasado 19 de octubre- el procedimiento debía haber quedado en suspenso hasta resolver ese incidente.

"Entiendo que ese escrito no puede ser incorporado al proceso, ni ser tomado en consideración, ni producir efecto alguno", dice Rodríguez-Zapata.

García-Calvo va aún más allá y defiende la información periodística con la que el PP justificó sus recusaciones a pesar de no haber estado en la reunión del 12 de junio y de que todos los asistentes a la misma hayan desmentido lo publicado por El Mundo.

Lo hace además basándose en el testimonio del conservador Ramón Rodríguez Arribas, que no sólo firmó la primera carta, sino que ha reiterado su desmentido en otra, fechada el pasado miércoles, en la que insiste: "corresponde a la verdad que, contra lo expuesto en la noticia del periódico, en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la Ley reformadora de la LOTC".

Sin embargo, García-Calvo interpreta que el hecho de que Rodríguez Arribas admita en esa segunda misiva que durante la reunión propuso la dimisión de Casas, cuyo mandato había quedado prorrogado tras la entrada en vigor de la LOTC, demuestra que sí se habló de la constitucionalidad de la misma.

"Conociendo la verdad que acompaña siempre a las manifestaciones de nuestro compañero Rodríguez Arribas (...), no dudamos de su entereza para ratificar, ante quien proceda y cuando la ocasión lo solicite, las afirmaciones precedentes, porque éstas dejan en evidencia" que lo dicho en la carta que firmó junto a otros cinco magistrados "no se corresponde con lo que en realidad ocurrió en la reunión del 12 de junio", señala García-Calvo.