EFE - Foto de archivo de Ali Hasan al Mayid, el primo de Sadam Hussein conocido como "Ali el Químico".

El retraso en la ejecución de tres ex altos cargos del régimen de Sadam Husein ha desatado la polémica en Irak, donde muchos piden el indulto de uno de los condenados, ex ministro de Defensa, al considerarlo mero ejecutor de las políticas del dictador.

Se trata de los procesados por el "caso Anfal": Alí Hasan al Mayid, apodado "Alí el Químico", Sultán Hashem Ahmed y Husein Rashid al Tikriti, condenados a muerte en junio pasado tras ser declarados culpables de la matanza de casi 180.000 kurdos en la campaña militar "Anfal" entre 1987 y 1988.

Algunas voces solicitan el perdón de Ahmed, por aquel entonces titular de Defensa, porque creen que se limitó a seguir las órdenes del Sadam.

El propio presidente iraquí, el kurdo Yalal Talabani, y su vicepresidente suní, Tareq al Hachemi, han hecho todos los esfuerzos posibles para detener la ejecución de los condenados, sobre todo, la de Ahmed.

"Tengo reservas sobre la aplicación de las penas de muerte contra los oficiales iraquíes y, en especial, la de Ahmed, porque varios de ellos fueron obligados a respetar las órdenes con el uso de la fuerza y bajo amenazas de muerte", ha afirmado Talabani.

El presidente iraquí ha asegurado que llegó a establecer contactos con Ahmed cuando éste era ministro de Defensa:

"Manteníamos una relación con Ahmed durante el régimen de Sadam Husein, hasta hablamos una vez con él sobre cómo llevar a cabo un golpe militar" contra el dictador, ha explicado Talabani.

A la defensa de Hachem se ha unido también el Consejo de Ulemas musulmanes, la máxima autoridad suní en Irak, que ha advertido de las repercusiones de su ejecución que, a su juicio, podría acarrear más conflictos para el país.

Por su parte, el gobierno del primer ministro, el chií Nuri al Maliki, que en principio estaba decidido a aplicar la sentencia, se ha mostrado dispuesto a rebajar la pena por la negativa del Ejército de EEUU a entregar a los condenados, que exige que antes se pongan de acuerdo los responsables iraquíes.

El portavoz del gobierno Ali al Dabag ha señalado que "el Ejecutivo estudia la petición de atenuar la sentencia contra algunos condenados por el caso Anfal para apoyar la reconciliación nacional, siempre y cuando no se viole la ley".

Según expertos judiciales, las autoridades estadounidenses cometerían una ilegalidad si entregaran los condenados al gobierno iraquí antes de que Talabani apruebe su ejecución, algo que, por el momento, el presidente ha rechazado.

El caso ha suscitado polémicas que se viven incluso en el seno de la presidencia, ya que el vicepresidente chií, Adel Abdel Mahdi, niega que se esté rechazando aprobar la aplicación de las condenas a muerte.

"Las sentencias emitidas por el Tribunal Penal Supremo (TPS) en el caso Anfal no han sido presentadas a la Presidencia. Entonces, ¿cómo se puede decir que la Presidencia se ha negado a ratificarlas?", afirma Mahdi en un comunicado.

Mahdi ha desmentido, además, que se hayan emitido juicios desde las instancias judiciales a favor o en contra de indultar o rebajar las penas.

"Ningún órgano constitucional o judicial responsable ha dado a conocer su opinión respecto a la posibilidad de un indulto o rebaja de los fallos emitidos por el TPS, que es el órgano competente en procesar los crímenes contra la humanidad", asegura Mahdi.

Según las leyes iraquíes, las ejecuciones deberían haberse llevado a cabo el pasado 4 de octubre, es decir 30 días después de la confirmación de las sentencias por el TPS.

Sin embargo, Maliki evitó su aplicación en pleno mes de ayuno musulmán de Ramadán, entre mediados de septiembre y octubre pasado, para evitar que se reprodujeran las críticas que surgieron por la ejecución de Sadam durante ese mes, en diciembre de 2006.