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Viernes, 16 de Noviembre de 2007

La Cámara vasca pide una reforma legal para terminar con la incomunicación de los detenidos

EFE ·16/11/2007 - 12:38h

EFE - El lehendakari, Juan José Ibaretxe, y la vicelehendakari, Idoia Zernarruzabeitia, charlan durante el pleno que hoy ha celebrado el Parlamento vasco.

El pleno del Parlamento Vasco ha aprobado hoy una proposición de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, entre otras cosas, impedir la incomunicación de los detenidos.

La iniciativa ha sido respaldada por el tripartito, PNV, EA y EB, el PCTV-EHAK y Aralar, y rechazada por el PSE-EE y el PP.

Tras la aprobación de hoy, el Parlamento de Vitoria deberá designar una delegación que defienda la iniciativa ante el Congreso que deberá decidir sobre su toma en consideración.

La reforma propuesta plantea la derogación de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los que se contempla la incomunicación de los detenidos y la asignación de abogados de oficio, respectivamente.

La iniciativa recoge también la inclusión de un nuevo párrafo a la Ley para que se realicen "grabaciones en los locales de detención, de forma que se compatibilice la garantía de sus derechos fundamentales e intimidad", de los detenidos, con la "seguridad de los funcionarios intervinientes".

Socialistas y "populares" han rechazado estas propuestas al considerar que son viejas reivindicaciones del entorno de ETA y porque suponen incluir trabas en la lucha contra el terrorismo.

Los grupos que ha apoyado la iniciativa han considerado que no puede haber espacios de impunidad que posibiliten las torturas de los detenidos.

Elixabete Piñol (PNV) ha dicho que un solo caso de tortura o malos tratos justifica esta reforma legal y ha apostado por que el Parlamento Vasco y los partidos sean "agentes de tolerancia cero" con esas prácticas.

Nekane Erauskin (PCTV-EHAK) se ha mostrado a favor de que se "acabe la tortura en todo el mundo" y ha recordado la Ertzaintza no practica todas las recomendaciones de la ONU para prevenir la tortura.

Rafael Larreina (EA) ha sostenido que la "tortura tiene las puertas abiertas en el Estado español", que decir que no se tortura en España "sólo sirve para que los torturadores vean que hay impunidad total" y que el Gobierno "no quiere tomar medidas" para terminar con esta situación.

Oskar Matute (EB) ha advertido de que no se puede admitir una situación como "mal menor para perseguir un bien mayor", en referencia a la incomunicación para acabar con el terrorismo, mientras que Ainztane Ezenarro (Aralar) ha destacado que el mayor número de denuncias de malos tratos en el Estado no tiene que ver con el terrorismo, sino con inmigrantes.

Rodolfo Ares (PSE-EE) ha defendido la vigencia de la legislación antiterrorista, que ha pasado "todos los filtros de legalidad", y ha recordado que las denuncias de torturas han respondido desde hace años a "campañas orquestadas del entorno de ETA para debilitar la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza contra el terrorismo".