El Parlamento argentino recomienda al Gobierno que expropie Aerolíneas Argentinas a Marsans
La propuesta llega después de que Marsans rechazara la tasación de la empresa efectuada por el Estado argentino
Una comisión del Parlamento argentino recomendó este martes al plenario del Legislativo avanzar hacia una ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas, luego de que el grupo español Marsans rechazara la valoración de la empresa efectuada por el Tribunal de Tasación argentino.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones emitió un dictamen que recomienda expropiar a Marsans la línea aérea y sus subsidiarias.
El trámite de debate de una ley podría demandar al menos un mes y Marsans ha reiterado en varias oportunidades que recurrirá a todos los medios legales si finalmente le expropian la empresa.
El dictamen fue aprobado tras una reunión a la que los legisladores habían citado al presidente de Aerolíneas Argentinas y vicepresidente de Interinvest (Marsans), Horacio Fargosi, y a Jorge Molina, representante del grupo español en el directorio de la empresa aérea.
El Gobierno de Cristina Fernández y Marsans negocian desde julio pasado el traspaso de Aerolíneas al Estado argentino, dueño de un 5% de la compañía, pero las conversaciones prácticamente no registraban avances desde que las partes presentaron sus valuaciones de la firma.
Diferencias en el valor de la empresa
A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse, al que el grupo español encargó una valuación.
El grupo español reclamaba la convocatoria a un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno el 17 de julio pasado, cuando se inició la negociación.
Pero el Gobierno rechazó esta posibilidad al argumentar que el Parlamento, a comienzos de septiembre, aprobó una ley que convalida el rescate estatal, pero establece que el Legislativo es el que dará el visto bueno al precio que el Estado pagará a la empresa.