Golpeados por la crisis, miles de autónomos han tenido que dejar su negocio en el último año. La disposición adicional cuarta del Estatuto del Autónomo establecía que, “siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera”, el Gobierno promovería un sistema específico de protección por cese de actividad, pero su diseño está sufriendo un enorme retraso y todo parece indicar que los trabajadores por cuenta propia no empezarán a cobrar el paro hasta 2010.

Una comisión de expertos lleva meses diseñando un estudio que serviría de base al anteproyecto de ley sobre esta materia. Se esperaba que ese informe viera la luz en verano o a comienzos de otoño, pero la exigencia de que sea ya un texto articulado ha acabado demorando su presentación oficial.

A finales de noviembre, hay una reunión en la que presumiblemente se dará a conocer el documento y entonces arrancará un largo proceso de negociación: el Ejecutivo analizará la propuesta consultando a diversos ministerios, y la trasladará, modificada o no, a las organizaciones de autónomos y a los agentes sociales.

Estaba previsto que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) realizara una encuesta para ver el grado de aceptación de la iniciativa, pero es probable que se obvie. Aun así, UPTA y ATA harán un estudio cualitativo en colaboración con la Universidad Complutense para recoger la opinión de los implicados.

Una vez diseñado el anteproyecto de ley, irá al Consejo de Ministros, que lo remitirá a las Cortes con un periodo de enmiendas de 30 días, seguido de la tramitación parlamentaria habitual: ponencias, comisión y pleno en el Congreso, y de ahí al Senado.

En el mejor de los casos, pasarán meses hasta que se publique en el BOE. Y, aunque al mismo tiempo se vayan preparando las modificaciones normativas necesarias para que el nuevo sistema de protección eche a andar lo antes posible, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, calcula que no se hará efectivo “hasta mediados de 2010”. En su opinión, lo lógico sería que lo gestionaran las mutuas, “que conocen mejor a los autónomos (ya atienden sus accidentes de trabajo) y sería todo más ágil que  con el servicio público de empleo”.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, instó a Trabajo a acelerar el proceso y convertir el seguro de desempleo de los autónomos en la “medida estrella” de la legislatura, pero es consciente de que los plazos legales dan poco margen.

Un máximo de seis meses

Aún no han trascendido detalles sobre cómo se instrumentaría la prestación por cese de actividad, aunque las organizaciones del sector trabajan para que esté limitada a un máximo de seis meses, con periodos de carencia y sobre un porcentaje de cotización del 3% de la base (una cotización de unos 30 euros al mes).

En caso de ser voluntaria, los representantes de los autónomos abogan por que sea obligatoria para los trabajadores económicamente dependientes (TRADE).