Presidente Uruguay vetará ley aborto semana próxima: medio
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, vetará el lunes una polémica ley votada por el Congreso que despenaliza el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, dijo el miércoles una radio local.
El Senado dio el martes la sanción final a la iniciativa presentada por legisladores de la gobernante izquierda, pero que ya contaba con la amenaza presidencial de aplicar un veto a los capítulos de la ley que permitieran el aborto.
Según la radio El Espectador, de Montevideo, Vázquez pedirá a sus ministros en la reunión semanal con su gabinete que firmen el veto, y pese a que varios de ellos apoyan la ley cederán a la solicitud del mandatario.
"Si no acepto me tengo que ir a mi casa", dijo uno de los ministros según el programa de noticias Indice 810 de la emisora.
Si la ley fuera promulgada por el Poder Ejecutivo, Uruguay sería el primer país de América del Sur en despenalizar el procedimiento.
Vázquez, un oncólogo, dijo poco tiempo después de asumir en 2005 que por razones científicas y éticas no está de acuerdo con la práctica del aborto.
Una fuente de presidencia dijo que Reuters que no se había recibido aún la ley desde el Senado, pero no confirmó cuándo tratará el presidente la medida.
Luego de recibir la ley desde el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para promulgarla o vetarla. En caso de veto, la Asamblea General puede revocar la decisión presidencial, pero la izquierda no cuenta con los 3/5 necesarios para anularla.
La iniciativa fue rechazada por la mayoría de los legisladores de los partidos opositores, de centroderecha, y recibió duras críticas de grupos en contra del aborto.
Además, la Iglesia Católica en Uruguay amenazó con excomulgar a los legisladores que aprobaran la ley.
En el país sudamericano, de 3,3 millones de habitantes, se realizan unos 30.000 abortos anuales, según cifras de grupos a favor de la despenalización del procedimiento.
En Uruguay, donde el 57 por ciento de la población apoya la despenalización, rige una ley de 1938 que castiga con prisión a quien se realice un aborto y las personas que colaboren con el procedimiento. La práctica sólo está permitida en casos de violación o de riesgo de vida para la madre o el feto.
En la mayoría de los países latinoamericanos se permite el aborto en casos de peligro de vida o violación. Solamente en Cuba y Ciudad de México el procedimiento está legalizado.