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Jueves, 15 de Noviembre de 2007

El fiscal de Medio Ambiente subraya que la operación demuestra que se actúa

EFE ·15/11/2007 - 13:06h

EFE - El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no ve responsabilidad política alguna detrás de la actuación supuestamente delictiva de los funcionarios detenidos acusados de cobrar por agilizar licencias municipales, pero admitirá la creación de una comisión de investigación sobre el caso.

La operación que ha realizado la Guardia Civil en las concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid demuestra que sí está actuando contra las vulneraciones de la ley en materia de licencias, ha asegurado hoy el fiscal que coordina la actuación en ambas áreas, Antonio Vercher.

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo ha participado esta mañana en Santander en las Jornadas sobre Naturaleza que organiza la Guardia Civil, donde ha entablado un debate con las asociaciones ecologistas presentes en las ponencias sobre la respuesta que se está dando a determinadas infracciones legales.

En concreto, el representante de Ecologistas en Acción le ha reprochado que así como se está actuando sobre las responsabilidades "por acción", en materia penal -a su juicio- no se está prestando la suficiente atención a las infracciones "por omisión", es decir, a las conductas que se aprovechan de la "inacción administrativa".

Vercher ha admitido que los ecologistas tienen razón "en parte" al señalar ese problema, pero también ha defendido que la situación "no es catastrófica" y, para ello, ha recurrido al ejemplo de Madrid.

"Si da usted un vistazo a la prensa de hoy, habrá tenido conocimiento de una operación policial en Madrid que precisamente tiene que ver con los temas a los que se refiere en las concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo, con temas de licencias. Es decir, no es cierto que no haya actividad al respecto", ha señalado.

Además, ha recordado que ya hace años están dictando sentencias que condenan la inacción de la Administración en materia ambiental, desde que en 1997 el Tribunal Supremo admitió que una autoridad o funcionario público también puede prevaricar "por omisión".