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Jueves, 15 de Noviembre de 2007

Libertades bajo llave

PÚBLICO.ES ·15/11/2007 - 13:26h

Han condenado a 18 meses de reeducación en un campo de trabajo a la activista china Liu Jie, conocida como la abuela de los peticionarios. Liu Jie, de 50 años, es una de las 12.150 personas que firmaron en el último congreso del Partido Comunista una carta para pedir a su Gobierno algunas reformas políticas y legales. La arrestaron el 13 de octubre y pasó 10 días en paradero desconocido. Ahora la encierran sin juicio previo. Esta defensora de los derechos de los campesinos se convirtió en activista cuando las autoridades expropiaron su negocio, una lechería.La organización Chinese Human Rights Defenders opina que Liu "ha sido enviada a un campo de reeducación sólo por su expresión pacífica de una opinión y organizar a ciudadanos para que manifestaran sus preocupaciones".


Los atentados contra EEUU del 11 de septiembre de 2001 abrieron la puerta a una serie de sanciones que la ONU y la UE aplican contra personas físicas y jurídicas, sospechosas de vinculación a Al Qaeda o los talibanes, y a su inclusión en una lista negra. El Consejo de Europa ha criticado recientemente la manera en que dichos organismos manejan las listas. Aunque algunos han probado ante los tribunales que carecían de relación con actividades terroristas, sus nombres siguen en la lista, manteniéndose el embargo de sus bienes y la prohibición de viajar.Por ejemplo,un empresario de nacionalidad italiana, de origen egipcio y residente en Suiza,sospechoso de haber financiado los atentados del 11-S, consiguió que la Justicia suiza le indemnizara con 80.000 euros al demostrar su inocencia, pero no ha logrado salir de la lista, y la ONU mantiene las sanciones contra él.


La ONU está investigando la práctica de torturas en las cárceles afganas, tal como las ha denunciado y documentado Amnistía Internacional desde 2005. Según esta ONG, cuando los detenidos por miembros de la OTAN –en particular por Bélgica, Canadá, Noruega, Países Bajos y Reino Unido– son entregados a manos de las autoridades afganas y entran bajo la custodia de la Dirección Nacional de Seguridad (NDS en inglés), a menudo reciben latigazos, son expuestos a temperaturas gélidas, se les priva de alimentos y se les golpea brutalmente: "Nos llevaron a dependencias de la NDS en Kandahar. Allí me golpearon en la espalda con un cable de metal. Me suspendieron de un gancho en el techo y continuaron pegándome. Y perdí el conocimiento colgado en esta posición". Amnistía recomienda la suspensión temporal de la transferencia de presos.