Jueves, 6 de Noviembre de 2008

Trillo advierte a Conde-Pumpido de que "tiene toda la desconfianza del Partido Popular"

El portavoz de Justicia del PP ha señalado que el pacto contra el terrorismo y el pacto por la Justicia alcanzados con el Ejecutivo no incluyen el apoyo al fiscal general

EFE ·06/11/2008 - 20:21h


El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha advertido hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de que mientras ocupe el cargo estará permanentemente vigilado, ya que "tiene toda la desconfianza" de los 'populares' y no está incluido en los pactos alcanzados con el Gobierno.

Trillo ha lanzado esta advertencia durante la comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del fiscal general para explicar la actuación de su departamento, que, según el PP, se ha caracterizado por la total "parcialidad" y "sectarismo".

Además, Trillo ha señalado que el pacto contra el terrorismo y el pacto por la Justicia alcanzados con el Ejecutivo no incluyen el apoyo a Conde-Pumpido, quien, por el contrario - ha insistido Trillo- "no tiene la confianza" del PP.

Según el diputado conservador, en los acuerdos con el Gobiernono no se encuentra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y , menos aún, que los fiscales se hagan cargo de la instrucción, como pretende la Fiscalía General del Estado.

"No habrá acuerdo en la LeCrim al dictado de lo que usted pretende", le ha dicho Trillo al fiscal general.

"No habrá acuerdo en la LeCrim al dictado de lo que usted pretende"

El portavoz del PP en Justicia ha cuestionado la actuación de la Fiscalía en materia antiterrorista y ha acusado a Conde-Pumpido de ser el responsable de la presencia de ANV y PCTV en las institucones vascas.

"Pero le bastó que el Tribunal Supremo dictara las sentencias sobre ANV y PCTV para pasar a ser el campeón de la legalidad y olvidarse de cuando se olvidó de recurrir la mitad de esas candidatras", ha señalado Trillo.

El "fiscal silente"

En este sentido, Trillo ha recordado que Conde-Pumpido ha pasado de ser la magistratura más parlante del Estado en la época de la negociación con ETA a ser el "fiscal silente" que no se había enterado de que se trataba de luchar contra el terrorismo.

La diputada de Unión y Democracia, Rosa Díez, también ha sido muy crítica con la gestión de Conde-Pumpido, que a su juicio ha sido arbitraria, "mutante","incomprensible" y ha generado una enorme inseguridad a los ciudadanos al permitir que ANV esté en las instituciones.

"No puedo darle mi confianza porque usted ha contaminado la institución" cuando debía proteger a los ciudadanos, ha aseverado Díez.

Mucho más amables han sido las intervenciones de los portavoces del PNV y CiU, Emilio Olabarria y Jordi Jané, respectivamente. Los portavoces de estos grupos han respaldado los esfuerzos de la Fiscalía en materias como la seguridad vial o la violencia de género,  además han pedido un impulso mayor a la informatización y la ejecución de las sentencias.

No obstante, Olabarria ha destacado la "falta de sintonía" entre las cifras de criminalidad que presenta la Fiscalía y las que la pasada semana ofreció el ministro del Interior, por lo que ha pedido un perfeccionamiento en los métodos para elaborar las estadísticas.

Por su parte, Jordi Jane de CiU se ha interesado por el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado para 2009 no incluyan una partida singularizada para la Fiscalía, como establece el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A esto Conde-Pumpido ha respondido que ya ha dado traslado de esta petición a los ministros de Justicia y Economía.

Pumpido se defiende disconforme

El fiscal general del Estado ha agradecido la intervención de todos los portavoces, aunque ha mostrado su disconformidad y ha lamentado el criterio de Federico Trillo de que su actuación deba excluirse del "espíritu de consenso" para mejorar la Justicia española.

En el caso de la Ley de Partidos, Conde-Pumpido ha asegurado que la Fiscalía ha actuado de forma autónoma y con profesionalidad, como ha demostrado el hecho de que las siete demandas de ilegalización presentadas ante el Tribunal Supremo han obtenido una sentencia favorable.