La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) descubrió un día que en las bodas se utilizaba música, después de haberlo descubierto en tiendas de ropa, en los aviones y en las cabinas de los sex-shop. Y, como en otras ocasiones, decidió incluir los enlaces matrimoniales en su lista de tarifas (179 páginas).

En 2006, los ingresos de SGAE por este motivo ascendieron a 7,16 millones de euros (el 2% del total de derechos recaudados). Pero la vía elegida para llevarse una parte del pastel nupcial se le puede complicar, si prospera el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), recogido estos días por la prensa andaluza. El motivo es la licitud de los vídeos, grabados sin consentimiento, que utiliza para cobrar.

A diferencia de la facilidad para demostrar que Zara o Iberia amenizan a sus clientes con música, SGAE se encontró en las bodas sin pruebas que llevarle al juez. Y pese al riesgo de pasar por aquello de ¿De parte de quién, del novio o de la novia?, decidió grabar las bodas. La agencia de detectives Domca, cuyos servicios contrata SGAE habitualmente, se negó ayer a comentar el posible incumplimiento de la ley de datos con las grabaciones, respaldándose en que "los vídeos pertenecen a la confidencialidad de nuestros clientes".

La prima de la novia, otro topo

Cuidado por tanto con la lista de invitados. Por el número y por la confianza. Por el número porque la SGAE cobra 112,43 euros hasta 75 invitados. Si se supera esa cifra, "se incrementa en 0,45 euros por comensal".

Si el salón no paga a autores, hay que asegurarse de a quién se invita. La SGAE no sólo utiliza detectives con cámaras ocultas, también vídeos de los asistentes.

Es el caso de uno de los salones que denunció en su día SGAE, la Hacienda El Vizir, en Espartinas (Sevilla). Un responsable del establecimiento asegura que se debió a la grabación facilitada por la prima de una novia y que son muchos los casos similares. El Vizir no tuvo que pagar nada a SGAE gracias a un pacto por el que afronta el pago de una tarifa cada vez que celebra un evento.

No tuvo tanta suerte La Doma de San José, salón de bodas situado en su día en San Juan de Aznalfarache (Sevilla también) y que fue condenada a pagar a SGAE 43.000 euros. Tras la sentencia, el propietario, Juan Romero Hinojosa, la puso en venta.

La justicia ha dado la razón a SGAE en numerosas ocasiones. Un portavoz de la gestora aseguraba ayer que ya existe una sentencia en firme en la que se respalda "la validez y licitud de los informes y grabaciones de detectives".

Se refiere a la sentencia 95/07 dictada en julio de este año por el Juzgado Mercantil número 1 de Sevilla por la que se condenó "al titular de un salón de celebraciones de Utrera (de nuevo Sevilla) al pago de una cantidad de 160.143 euros por derechos de autor, así como al cese y suspensión de cualquier actividad musical".

Para SGAE, que cita otras sentencias de audiencias provinciales, "la jurisdicción ordinaria ha resuelto por sentencia irrecurrible la cuestión".
Quizás se equivoque.

El abogado sevillano Joaquín Moeckel, que defendió a La Doma de San José, a la Hacienda El Vizir y a la Hacienda de Benazuza de San Lúcar contra SGAE, puede haber dado en el clavo denunciando el caso ante la autoridad protectora de los datos. Fuentes de ésta comentan que es la primera vez que afrontan un expediente en el que se vaya a utilizar como defensa la Ley de Propiedad Intelectual. Pero la imagen, recuerdan, es un dato personal como el nombre.

En cierta forma podría compararse con la Instrucción dictada por la AEPD por la proliferación de cámaras de vídeo vigilancia, que obliga al menos a informar de la grabación.