La política y la religión pueden ser buenos compañeros de alcoba. Al menos en Nicaragua, donde la influencia de la Iglesia es mayor que la del sandinismo. El Congreso aprobó ayer el nuevo Código Penal donde queda derogada definitivamente la ley del aborto terapéutico, una práctica que venía realizándose libremente desde 1893 pero que quedó suspendida en 2006 bajo la presidencia del conservador Enrique Bolaños.

Daniel Ortega, el antiguo líder revolucionario del Frente Sandinista (FSLN) en la década de los ochenta, se apuntó a las tesis católicas y evangélicas contra el aborto para ganar las elecciones en 2006.

La modificación legislativa salió adelante ayer con los votos favorables del FSLN, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la derechista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Tan sólo los 5 diputados del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y 11 disidentes del FSLN votaron contra esta ley.

Con esta decisión, Nicaragua se une a la República Dominicana y El Salvador, los dos únicos estados latinoamericanos que castigan la interrupción del embarazo con la cárcel, incluso para aquellos casos en los que hay riesgo para la vida de la madre.

Desde que hace un año se decidió suspender la ley del aborto, las muertes maternas en Nicaragua han incrementado hasta llegar a una de las tasas más altas de Latinoamérica. Fuentes oficiales indicaron que ahora fallecen 90 mujeres por cada 100 mil nacimientos vivos cuando hace dos años era casi la mitad. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la práctica de abortos clandestinos provoca la muerte de 5.000 embarazadas al año en América Latina.

La única crítica al Gobierno por esta reforma llegó a través de una moción del diputado del MRS, Víctor Tinoco. Su propuesta pretendía eximir de responsabilidad a los médicos que deban realizar un aborto como último "medio posible para salvar la vida de la mujer", previo consentimiento del hospital y de la afectada. Ni con esas. La iniciativa fue rechazada.

Duras penas

A partir de ahora, quien consienta o interrumpa el embarazo en Nicaragua se enfrenta a penas que pueden oscilar entre uno y tres años de prisión. La oposición popular a esta decisión del Gobierno de Daniel Ortega es grande. El diputado Tinoco indicó que esta controvertida ley se ha promulgado, "para no contrariar a la Iglesia católica y sobre todo la evangélica, a pesar de las recomendaciones de grupos médicos, de feministas y la comunidad internacional para que reconsidere su posición".

Durante el debate, varias organizaciones de mujeres protestaron a las puertas del Parlamento contra la penalización del aborto. "No se puede negar el derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su vida", denunciaron.

El presidente de la Comisión de Justicia y autor de la controvertida ley, José Pallais, justificó que la reforma "no castiga a la persona sino el delito". En su opinión, esta norma "es democrática, moderna y huye de toda tentación totalitaria".