Zapatero en su reunión con los líderes sindicales

Al Gobierno le urge aprobar una batería de medidas que ayuden a los ciudadanos a sobrellevar la crisis y en la cocina está su plato estrella: que los hipotecados que se queden en paro disfruten de un periodo de carencia, es decir, que puedan dejar de pagar su hipoteca durante un periodolimitado.

El Gobierno estudia cuánto le puede costar esta medida, que sería una de las más directas dirigidas a paliar una de las consecuencias de la crisis. Hasta ahora, se había intentado mitigar el impacto de la subida del Euribor mediante dos iniciativas: prolongar la vida de la hipoteca sin coste adicional, siempre y cuando el banco lo acepte, y la devolución de los 400 euros, que para el Gobierno compensa en gran medida el repunte del coste del préstamo.

Con esta nueva propuesta se da un paso más: los parados que no pudieran afrontar el pago de la hipoteca disfrutarían de un periodo determinado en el que no tendrían que pagarla -o el importe se reduciría significativamente-. El Gobierno aún tiene que concretar la contrapartida que se le dará a la banca, aunque en un momento como este, en el que el sistema financiero va a recibir miles de millones de dinero público, la negociación puede ser más flexible.
Lo cierto es que el modelo es posible y una entidad financiera española, Cajastur, ya lo ha puesto en marcha.

La caja de ahorros asturiana suspenderá durante dos años el pago de las hipotecas (capital más intereses) a los clientes que se vayan al paro o a los que se encuentren en una situación económica muy difíci. El plazo de vida de la hipoteca se alargará por un periodo igual al de carencia (dos años). La fórmula se dirige a clientes de Cajastur que tengan contratada con la entidad una hipoteca libre sobre vivienda habitual y con su nómina domiciliada.

Cargas familiares

La moratoria de las hipotecas puede ir acompañada de otra batería de medidas que el Gobierno ha puesto en conocimiento de los agentes sociales para discutirlas en el marco del diálogo social. El Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de bonificar la contratación de los parados que tengan cargas familiares.

Ahora mismo los incentivos al empleo no recogen esta fórmula como tal, sino que van dirigidos a mujeres, discapacitados y mayores de 45 años. Este colectivo también preocupa especialmente a Moncloa, por lo que se podría aumentar la cuantía y número de bonificaciones de que dispone por el momento.

Otra de las medidas propuestas ayer afecta a la prestación del desempleo. Existe una preocupación entre Gobierno y sindicatos por que los desempleados que consuman su periodo de prestación no se queden después desprotegidos. Así, se buscaría una fórmula para que una familia que tenga todos sus miembros en paro -638.000 según la última Encuesta de Población Activa- pudiera tener una protección especial, igual que para aquellos parados con cargas familiares que ya no tuvieran derecho a cobrar el desempleo.

En la actualidad, ya se recoge la posibilidad de cobrar un subsidio por desempleo, siempre que el prestatario carezca de rentas propias superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (600 euros) y acredite o bien tener responsabilidades familiares (en cuyo caso la familia tampoco podrá superar el límite de ingresos) o ser mayor de 45 años con un periodo mínimo de cotización o ser mayor de 52 años y cumplir los requisitos para acceder a cualquier pensión contributiva de jubilación del sistema de la Seguridad Social.

También se articularía el proyecto que permita a los parados que se quiera convertir en autónomos a capitalizar hasta un 60% del paro restante (frente al 40% actual).

El Gobierno ha emplazado a los agentes sociales a meditar con rapidez estas propuestas y reunirse de nuevo la semana que viene para dar la forma definitiva al paquete, que se quiere llevar como Decreto Ley al Consejo de Ministros del viernes 6 de noviembre. Estas propuestas se complementarían con otras de ayuda a la industria que se articularán en forma de créditos y para las que hay convocada una reunión el 3 de noviembre.

Los ERE, caballo de batalla

También se perfila un programa de recolocación de los nuevos parados en sectores en desarrollo, principalmente I+D+i y medidas para paliar el efecto de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a los que Trabajo quiere plantar cara. Ayer mismo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho declaró en una comparecencia parlamentaria su rechazo frontal al ERE planteado por Telefónica a 700 personas mayores de 48 años. "No sé si legalmente nos podemos oponer, pero le anticipo una cosa, si no nos podemos oponer legalmente, porque hay algún resquicio, este ministro hará una propuesta de modificación de la ley", aseguró Corbacho según Efe. El ministro recordó que Telefónica era una empresa "con beneficios".

En cualquier caso, habrá ERE inevitables, sobre todo de la industria del motor y la construcción que atraviesan momentos muy delicados, por lo que el Gobierno quiere diseñar una vía rápida para que los parados que se generen en estos sectores salten lo más rápido posible a otras industrias. La elección de las de alto valor tecnológico no es casual, ya que es el único sector para el que Bruselas contempla este tipo de medidas sin considerarlo ilegal.