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Martes, 13 de Noviembre de 2007

Ecofin constata la oposición a la normativa de la UE sobre la fiscalidad verde para coches

EFE ·13/11/2007 - 21:07h

EFE - El ministro español de Economía, Pedro Solbes (i), conversa con el alemán Klaus Regling, director general de 'Asuntos Financieros y Económicos' en las Instituciones Europeas, al comienzo del Ecofín que abordará, sin perspectivas de lograr un acuerdo, la fiscalidad del IVA y la medioambiental, en Bruselas, Bélgica.

Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) constataron hoy la falta de acuerdo entre los Veintisiete para regular desde Bruselas la introducción de criterios medioambientales en el impuesto de circulación de los turismos.

Fuentes comunitarias explicaron que los Veintisiete coincidieron en la utilidad de vincular la fiscalidad de los coches a sus emisiones contaminantes, pero mostraron, en general, escepticismo ante la posibilidad de adoptar medidas en ese sentido a nivel comunitario.

La presidencia portuguesa de turno de la UE había decidido recuperar una iniciativa de la Comisión Europea, de hace más de dos años, que preveía la supresión gradual del impuesto de matriculación para los vehículos particulares y la vinculación del de circulación a las emisiones de CO2.

Las discusiones previas al Ecofin ya dejaron clara la falta de consenso para eliminar el impuesto de matriculación -España también se opone a esa posibilidad, tal como recordó hoy el vicepresidente segundo, Pedro Solbes-, pero Lisboa confiaba, al menos, en obtener apoyo suficiente para introducir criterios medioambientales en la base imponible del de circulación.

Entre los países contrarios a esta posibilidad destacan Reino Unido e Irlanda, muy reticentes a cualquier intervención de Bruselas en el sistema tributario nacional, y Alemania, que teme una repercusión en su industria automovilística.

Los ministros tampoco pudieron llegar hoy a un acuerdo para cambiar el lugar de tributación del IVA en los servicios de telecomunicaciones y electrónicos, tanto a empresas como a particulares, del país donde se localiza la empresa a aquel donde está el cliente, por la oposición de Luxemburgo.

Esta iniciativa busca eliminar la competencia entre los Estados miembros por el tipo de IVA y evitar así que las compañías fijen su sede en el Estado miembro con gravamen más bajo.

Luxemburgo, que gracias a un IVA del 15% ha atraído a su territorio a numerosas empresas, se niega a perder una fuente de ingresos muy importante.

La medida está incluida en un paquete más amplio -que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a las empresas que operan en más de un país, mediante la creación de una "ventanilla única-, para cuya aprobación es necesaria, como en todas las decisiones sobre fiscalidad, la unanimidad de los 27.

El objetivo es llegar a un acuerdo en la reunión del Ecofin del mes que viene, pero el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, dejó hoy claro a sus colegas que no está dispuesto a aceptar "ni ahora ni en diciembre" lo que le ofrecen el resto de países, según fuentes comunitarias.

Entre las soluciones planteadas por la presidencia portuguesa, la mayoría de Estados se inclina por retrasar la entrada en vigor del cambio del lugar de tributación más allá de 2010, que era la fecha límite prevista por la Comisión.

Luxemburgo se ha quedado solo defendiendo la opción de repartir la recaudación entre el país en que está el cliente y aquel en que tiene sede la empresa.

También en el ámbito fiscal, los ministros discutieron hoy si seguir permitiendo hasta el final de 2010 a varios de los nuevos Estados miembros -República Checa, Chipre, Malta, Polonia y Eslovenia- aplicar un IVA reducido a algunos servicios y productos, pero no alcanzaron un acuerdo.

El tema volverá a tratarse en la reunión de diciembre, pero tanto Alemania como Dinamarca insistieron hoy en que ese tipo de exenciones provoca distorsiones a la competencia.

En cuanto a la financiación del proyecto de navegación por satélite Galileo, el Ecofin confirmó hoy que los fondos que faltan para su puesta en marcha tras la retirada del sector privado (2.400 millones de euros) deberán salir del presupuesto comunitario.

Los Veintisiete deben todavía decidir si optan por una reasignación de los gastos ya aprobados o por la revisión del marco presupuestario -los países están divididos entre ambas opciones-.