El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite una denuncia contra el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho y prevaricación en el denominado caso Salmón. La jueza instructora de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, Margarita Varona, también ha acordado citar al denunciante, el periodista Carlos Sosa, y ha pedido la documentación pertinente al Cabildo de Gran Canaria, que presidía Soria en 2005, período en el que ocurrieron los hechos denunciados.

La Fiscalía Anticorrupción, con Luis del Río como responsable en Las Palmas de Gran Canaria, presentó el pasado lunes un escrito ante la Sala de lo Civil y lo Penal en el que pedía que se investiguase a José Manuel Soria por el denominado viaje del salmón, en el que, supuestamente, el líder del Partido Popular y entonces máximo responsable del Cabildo grancanario aceptó una invitación del empresario Björn Lyng para visitar Noruega y participar en la pesca de esa especie.

La denuncia de Carlos Sosa recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario del complejo turístico Anfi Tauro, pudo recibir un supuesto trato de favor por parte de la corporación insular que, dos meses después de las vacaciones nórdicas de Soria, emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en ese complejo.

En esta denuncia también se recoge que los informes técnicos del Cabildo que precedieron a su decisión de declarar de interés general el polémico proyecto urbanístico detectaron serias deficiencias en el expediente administrativo.

Al menos dos de los informes previos a la decisión del Cabildo de elevar al Parlamento de Canarias su propuesta a favor de la de empresa de Björn Lyng constatan “serias deficiencias y contradicciones respecto a la capacidad de plazas alojativas de las parcelas de que consta el proyecto” o “falta de concreción de cada uno de los establecimientos alojativos”.

Aviso de irregularidades

Uno de los informes que recoge este tipo de irregularidades en el expediente administrativo es el que redactó el Servicio Insular de Planeamiento, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Vivienda y Arquitectura del Cabildo, que se adjunta a la denuncia. En ese documento se mencionan “tal cúmulo de deficiencias en la solicitud de Anfi Tauro S.A. que requerirían cuanto menos un breve repaso para confirmar nuestras tesis de que nos encontramos con una autorización que gozó de mucho favor dentro del Cabildo”, según se recoge el texto de la denuncia.

El citado informe fue redactado por tres técnicos, que recogieron “un gran número de anomalías en el proyecto, defectos o deficiencias que van desde la utilización de elementos como un campo de golf para una autorización anterior, lo que invalida la presente, hasta el exceso en las camas solicitadas a tenor de las que equivaldrían en el mejor de los casos, aplicando el referido campo de golf, y un muelle deportivo que aún no ha sido construido y que, además, presenta graves reparos ambientales que están siendo estudiados por ubicarse en un Lugar de Interés Comunitario”.

“Un reguero de pufos”

Nada más conocer la decisión del TSJC, Juan Fernando López Aguilar, líder de los socialistas canarios, señaló que el caso Salmón es una muestra más de que Soria deja siempre “un reguero de pufos y escándalos” y “sólo beneficia a los poderosos”. Aguilar añadió que se quiere dar rango de normalidad al hecho de que un promotor pague las vacaciones a un político” y que luego ese político adopte resoluciones que favorezcan a ese promotor, moviendo Roma con Santiago en las instituciones que domina para que al final ese interés prevalezca y se haga pasar por el interés de Canarias”.

El ex ministro añadió que “CC y PP llevan juntos cuatro legislaturas y ninguna se recuerda por sus avances sociales o por haber hecho ninguna ley que haya mejorado la vida de los canarios”.