Martes, 7 de Octubre de 2008

En la España del siglo XXI empeoran las condiciones laborales

FERNANDO VICENTE ·07/10/2008 - 23:36h

Libertad, igualdad, seguridad y dignidad son los principios que definen el concepto de Trabajo Decente que ayer sacó a la calle a miles de trabajadores de todo el mundo. Lo acuñó en 1999 el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, en respuesta al empobrecimiento de las condiciones laborales como consecuencia del proceso de globalización.

La propia OIT lo definió después: “Un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en aquellas decisiones que afectan a sus vidas, así como igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres”.

En Europa preocupa más la duración de la jornada, mientras en el Tercer Mundo millones de personas sueñan con salarios superiores a 1 euro diario. Pero en todos los países, industrializados, emergentes y subdesarrollados, hay “carencias, lagunas y exclusiones”.

Estas diferencias llevan a confusiones interesadas. En España, las patronales identifican el problema con el Tercer Mundo. “Lamentamos la situación que se da en países del Tercer Mundo”, arranca el comunicado de la patronal andaluza (CEA) en la jornada dedicada por los sindicatos al Trabajo Decente. Pero el concepto de la OIT se refiere a todos los trabajadores, de la economía oficial y de la sumergida. Afecta al autoempleo, y tanto a los asalariados como a los familiares sin sueldo, cuyo trabajo se centra en el cuidado de los hijos. Y en España hay discriminación por razón de género, una de las tasas de siniestralidad laboral más altas del mundo desarrollado y un alto porcentaje de contratos precarios.

La OIT incluyó también una protesta contra la imposición de la Directiva de Tiempo de Trabajo, que prevé el aumento de la jornada hasta 60 horas semanales. Imposición que atentaría contra dos de los principios del Trabajo Decente: diálogo social y condiciones de trabajo. Mientras, para las asociaciones empresariales se trata de una medida que aportará “mayor flexibilidad” para defenderse de la competencia de los nuevos países del Este en la UE, que vienen, dice la CEA, “con una concepción de los derechos sociales y con sistemas de relaciones laborales distintos a los estados tradicionales de Europa”.