Lunes, 12 de Noviembre de 2007

China anuncia medidas contra los periodistas de cara a los JJOO

La represión sobre los medios locales se acentúa desde que el Gobierno inició en agosto una campaña contra los periodistas "ilegales".

ANDREA RODES ·12/11/2007 - 18:25h

Las autoridades chinas han empezado a tomar medidas enérgicas contra periodistas ilegales para garantizar el "buen ambiente periodístico" durante los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, informó ayer el diario oficial China Daily.

Cuatro días después de que China celebrara el Día del Periodista, donde no faltaron las promesas de garantizar una mayor libertad de prensa y de proteger los derechos de los periodistas, el responsable de la Administración General para Prensa y Publicaciones (AGPP), Liu Binjie, anunció que el Gobierno reforzará el control de los reporteros fraudulentos, "en especial de los extranjeros, porque perjudican a la sociedad y merecen ser duramente sancionados".

En China, los periodistas que trabajan por libre, sin estar acreditados por ningún medio, o sin autorización oficial son considerados "fraudulentos". Liu también anunció que la AGPP ha completado una base de datos con los nombres de 8.000 periodistas extranjeros autorizados a entrar en las instalaciones olímpicas y que prepara una nueva base de datos con los nombres y perfiles de otros 20.000 profesionales que ejercerán actividades periodísticas en China durante los JJOO.

No entienden nada 

Estas bases de datos serán facilitadas a los entrevistados para evitar entrevistas "fraudulentas". Liu no aclaró qué tipo de información se incluirá en la base de datos ni cómo se distribuirá entre los entrevistados. El director del centro de prensa de los JJOO, Li Zhanjun, declaró a la agencia Associated Press "no entender nada" de la información publicada ayer por China Daily.

Al presentar su candidatura olímpica en 2001, China se comprometió con el Comité Olímpico Internacional (COI) a garantizar la libertad de prensa durante los JJOO. Es cierto que desde el pasado enero han entrado en vigor varias regulaciones para rebajar el control sobre los periodistas extranjeros, como la que permite realizar entrevistas sin previa autorización oficial, pero en la práctica, las dificultades siguen existiendo. Además, estas regulaciones expiran en octubre de 2008.

La represión sobre los medios locales se ha acentuado desde que el Gobierno inició en agosto una campaña para acabar con los periodistas ilegales y la corrupción en los medios de comunicación.

Hasta hoy, 300 periódicos han sido cerrados y 150 reporteros han sido detenidos. En China es habitual que los periodistas reciban comisiones de particulares o sean amenazados por empresarios y funcionarios implicados en escándalos de corrupción.

La AGPP ordenó el domingo el cierre de un periódico de Pekín y detuvo a dos de sus empleados, acusados de haber aceptado el chantaje de un empresario para difundir información falsa sobre un conflicto legal en la provincia de Lianoning. Según los medios oficiales, el "Social Business news" tampoco tenía la licencia del gobierno para publicar.

La AGPP ha puesto en servicio una línea de teléfono para que los ciudadanos puedan denunciar casos de periodismo fraudulento, prometiendo recompensas. La campaña, que se alargará hasta marzo, ha sido denunciada por las organizaciones de derechos humanos, ya que sospechan que es utilizada como excusa para cargar contra los periodistas que investigan casos de corrupción, se enfrentan con la censura o que pueden perjudicar la imagen del país durante los JJOO.

Decenas de empleados de la televisión pública CCTV fueron despedidos el pasado agosto sin motivos aparentes.

"Los reportajes deben precisos, objetivos y justos y no deben oponerse a los intereses del estado ni infringir los derechos de los ciudadanos", especifica un documento publicado por la AGPP en ocasión del "Día del Periodista".

Reporteros sin Fronteras reclamó durante la misma fecha la liberación de 33 periodistas encarcelados en China. También denunció la existencia de un nuevo sistema de censura implementado por el gobierno un mes antes del inicio del Congreso del PCCh, basado en un código de mensajes que indica a los medios de comunicación cómo se deben publicar las noticias.


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