Viernes, 3 de Octubre de 2008

Educación exige a Madrid que imparta Ciudadanía

Valencia anuncia que sancionará a los profesores que no den la asignatura en inglés

V. P. / AGENCIAS ·03/10/2008 - 18:07h

El Ministerio de Educación envió este viernes un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que cumpla la ley y paralice las instrucciones dadas a los colegios y centros de secundaria para garantizar que los alumnos objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía realicen un trabajo sobre la Constitución y presten alguna actividad de voluntariado en el centro.

En su nota, Educación recuerda al Gobierno madrileño que la materia es “obligatoria”, y que sus contenidos “están contemplados en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que fue aprobada en el Parlamento”, informa Europa Press.

Madrid no lo ha recibido

En la Consejería de Educación madrileña, ayer por la tarde seguían asegurando que no tenían “constancia de haber recibido el requerimiento”. “En cuanto lo recibamos, se valorará y se tomarán las medidas correspondientes”, aseguró un portavoz.

Si en un plazo de dos meses el Gobierno madrileño no actúa tal y como le requiere el Ejecutivo central, este tiene previsto presentar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El curso recién inaugurado es el primero en que se imparte una hora semanal de Educación para la Ciudadanía a los alumnos de 2º y 4º de la ESO. Hace un mes, la Consejería de Educación envió a los directores de los centros un documento donde se les indicaba cómo respetar la voluntad de los objetores a la asignatura “en tanto el Tribunal Supremo no dicte sentencia”. La carta obliga a los centros a evaluar a los objetores mediante un trabajo sobre los valores de la Constitución y con la realización de alguna actividad de voluntariado.

Desde marzo, la Comunidad de Madrid ha registrado 10.800 peticiones de objeción de conciencia. De ellas, 890 son de alumnos que tendrían que cursarla este año.

Caos en Valencia

El Gobierno valenciano anunció este viernes que sancionará a los profesores que “no cumplan” con las normas e impidan que “las actividades puedan desarrollarse con normalidad”. Esto se traduce en sanciones para quienes no impartan Ciudadanía en inglés. El sindicato de profesores STEPV acusó a la Generalitat de practicar la “represión y el autoritarismo”, y recordó que el conseller es el único que no cumple la ley.

Cuando el Tribunal Superior de Justicia valenciano paralizó, a instancias del Ministerio, la alternativa a Ciudadanía que había maquinado el Gobierno de Camps, este rizó el rizo: se impartiría la asignatura, pero en inglés. Esto ha hecho que un profesor dé la clase y otro la traduzca al inglés. Los directores de institutos de ESO reconocen que el caos es tal, que algunos centros no imparten Ciudadanía.

El PP canario acata que no se proteja a los objetores

PAZ BERNAL, Las Palmas

El Gobierno canario, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, no ha admitido las 189 objeciones presentadas por padres de alumnos contra Educación para la Ciudadanía. A pesar de la estrategia marcada a nivel nacional por los conservadores para fomentar el rechazo a esta materia, el PP en Canarias no ha mostrado la más mínima oposición a que la Consejería de Educación, en manos de Coalición Canaria, haya comunicado a los objetores que la asignatura es de “obligado cumplimiento” y que no se puede sustituir “por otra actividad”.

Es obligatorio cumplir la ley

La Consejería de Educación recuerda a los padres que mientras no haya “un reconocimiento legal” del derecho a objetar, el alumno tiene la “obligación” de asistir a clase y que la objeción sólo se reconoce en el caso del “deber de prestar servicio militar obligatorio”. Fuentes de la Consejería de Educación han manifestado que la negativa se produce porque la LOE no contempla que sea obligatorio ofrecer una actividad sustitutoria, y, por el contrario, sí que establece que la impartición de Educación para la Ciudadanía es obligatoria.

Los padres objetores están dispuestos a recurrir esta decisión y matizan que no están en contra de los contenidos “cívicos” pero sí de los morales “que deben estar circunscritos al ámbito de la familia”.

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