Viernes, 3 de Octubre de 2008

El Gobierno reduce drásticamente las sanciones por suministro y producción ilegal de drogas

El nuevo Proyecto de Ley de Control de Precursores de Drogas rebaja hasta 570.000 euros las sanciones muy graves 

EFE ·03/10/2008 - 14:52h

EFE - La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se dispone a informar de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Control de Precursores de Drogas, que rebajará las sanciones que hasta ahora se imponían por el suministro o la producción ilegal de estas sustancias, que en España eran mucho más altas que las que se imponen en otros países europeos.

Los precursores de drogas son determinadas sustancias químicas de fabricación o suministro legal, pero que pueden desviarse para la fabricación ilícita de estupefacientes y psicotrópicos.

Además de rebajar la cuantía de las multas, que eran totalmente desproporcionadas con respecto a las sanciones que otros Estados de la UE venían imponiendo por los mismos hechos, se disminuye el tiempo de duración de la sanción de suspensión de la licencia de producción o distribución de este tipo de sustancias.

En el proyecto, se consideran infracciones graves la vulneración de obligaciones formales o documentales y muy graves las conductas que implican la intención de incumplir la normativa, como la falsificación de datos o la negativa a las inspecciones.

Diferencias notables 

De este modo, el importe de las sanciones graves será de 601 a 6.000 euros -actualmente es de 6.001 a 90.000 euros- y el tiempo de suspensión de la licencia de actividad de hasta seis meses -hasta ahora de hasta cinco años-.

La competencia para imponer sanciones pasa a los ministros de Interior y Economía 

La multa por sanción muy grave pasa a ser de 6.001 a 30.000 euros -actualmente es de 90.001 a 600.000 euros- y el tiempo de suspensión de la licencia de actividad de hasta cinco años o retirada de la misma -actualmente es de cinco a diez años de suspensión-.

La competencia para imponer sanciones por infracciones muy graves corresponderá a los ministros del Interior -para las operaciones intracomunitarias- y de Economía y Hacienda -para las extracomunitarias-, y dejará de ser competencia del Consejo de Ministros.

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