Lunes, 12 de Noviembre de 2007

El relator especial de la ONU se entrevista con oficiales de la Junta Militar birmana

EFE ·12/11/2007 - 08:31h

EFE - El relator especial de la ONU para Birmania, Paulo Sergio Pinheiro.

El relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, el brasileño Paulo Sergio Pinheiro, se reunió hoy con oficiales de la Junta Militar que gobierna el país, informaron fuentes oficiales.

Pinheiro mantuvo un encuentro con ellos en Rangún, después de que se cancelara por razones desconocidas su viaje previsto a Napydaw, la nueva capital administrativa, según las mismas fuentes, que no ofrecieron más detalles.

Más tarde, se entrevistará con representantes del alto clero budista, tras haberlo hecho ayer, día de su llegada, con el abad del monasterio de Kya Khat Waing en la ciudad de Bago, al norte de Rangún, y con varios monjes adscritos a la pagoda de Shwedagon, símbolo de las últimas manifestaciones a favor de la democracia lideradas por los bonzos, indicó un comunicado de la ONU.

La visita de cinco días de Pinheiro sigue a la efectuada la semana pasada por el enviado especial de Naciones Unidas para Birmania, Ibrahim Gambari, quien logró verse las caras con varios altos cargos de la Junta Militar y de la oposición liderada por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde 2003.

El diplomático brasileño no había sido autorizado a visitar el país desde ese mismo año, cuando interrumpió repentinamente la misión que efectuaba tras descubrir micrófonos ocultos cuando entrevistaba a presos políticos.

A principios de mes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades birmanas que permitieran una visita del relator especial, a fin de investigar la represión de las marchas.

Tanto el organismo mundial como Amnistía Internacional calculan que más de mil ciudadanos birmanos están encarcelados por motivos políticos desde antes de que las fuerzas de seguridad comenzaran el pasado 26 de septiembre a sofocar las protestas pacíficas.

Aunque el régimen sólo admite diez muertos y casi 3.000 personas detenidas, de las que dicen haber puesto en libertad a la gran mayoría, la disidencia sostiene que fallecieron 200 y más 6.000 fueron arrestadas.