EFE - El que fuera instructor del "Caso Malaya", Miguel Ángel Torres, mantiene que la "legalización impuesta" de las viviendas irregulares "no puede servir para exculpar" a los responsables de otorgar licencias ilegales para su edificación.

El que fuera instructor del "Caso Malaya", Miguel Ángel Torres, mantiene que la "legalización impuesta" de las viviendas irregulares prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella "no puede servir para exculpar" a los responsables de otorgar licencias ilegales para su edificación.

En un auto dictado por el magistrado, sobre el que se ha levantado el secreto de sumario, Torres asegura que las administraciones públicas "se han visto obligadas a mantener y legalizar" construcciones en Marbella que se han "consolidado por la vía de hecho" al ser ahora la "situación irreversible y estar las viviendas ocupadas".

El juez considera, sin embargo, que "esa legalización impuesta no puede servir para exculpar a quienes habrían causado grandes males al conjunto de la población imponiendo de facto, a su libre albedrío, en su propio beneficio y al margen de la legalidad, un nuevo modelo de ciudad".

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado inicialmente, propone la normalización de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de los promotores que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes, y deja fuera de este proceso a 752 viviendas, la mitad de ellas ocupadas, así como dos hoteles.

El magistrado afirma que la normalización de las viviendas en situación irregular constituye un "mal menor" y asevera que "el hecho de que algunas licencias pueda estar en proceso de legalización" resulta "irrelevante" en relación a la situación procesal de los imputados en la causa contra la corrupción municipal en el Ayuntamiento de Marbella.

En el auto, dictado por el juez antes de abandonar la instrucción del caso en julio, Torres desestima el recurso planteado por una de las partes en relación a la solicitud de que se llevaran a cabo varias pruebas entre las que se encontraban conocer las licencias urbanísticas que fueron aprobadas por el Consistorio e impugnadas por la Junta de Andalucía.

El magistrado instruyó el "Caso Malaya" hasta el pasado 31 de julio y antes de dejar su puesto en comisión de servicio en los juzgados de Marbella acordó la incoación del sumario y el procesamiento de 86 personas en esta causa.