Jueves, 8 de Noviembre de 2007

La familia del español Carmelo Soria confía en Baltasar Garzón si falla la justicia chilena

EFE ·08/11/2007 - 22:41h

EFE - Carmen Soria, hija del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976, pidió hoy que se procese a los asesinos de su padre.

Carmen, la hija de Carmelo Soria, el funcionario español de Naciones Unidas asesinado en Chile en 1976, pidió hoy que se procese a los asesinos de su padre y señaló que, si la justicia chilena no lo logra, el magistrado Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española, podrá hacerlo.

Carmen Soria pronunció estas palabras en un emotivo acto organizado en la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se descubrió una placa en honor de su padre en presencia de los presidentes de España y Chile, José Luis Rodríguez Zapatero y Michelle Bachelet, y del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

Acompañada de la viuda del funcionario español y de dos de sus nietos, Carmen Soria agradeció a España, a Chile y a Naciones Unidas que les hayan acompañado en el esclarecimiento del asesinato y les pidió que ahora les ayude a encarcelar a los que le mataron.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, recordó las últimas horas de la vida de Soria y cómo fue interrogado, torturado y brutalmente ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 14 de julio de 1976.

Dos días más tardes, relató, se encontró su cuerpo y las autoridades intentaron sembrar dudas sobre su dignidad y honorabilidad.

Tras destacar el apoyo del Gobierno español y de Naciones Unidas para esclarecer el crimen a lo largo de los años, consideró que aún no se ha llegado al final del camino.

Según apuntó, la placa descubierta hoy en la CEPAL, donada por el Gobierno chileno, es un homenaje a la memoria de Soria, un esfuerzo de hacer justicia a su nombre y de subrayar "la dignidad que sus asesinos no pudieron arrebatarle".

El asesinato de Soria ha seguido una larga batalla judicial, ya que el caso fue archivado en 1996 en aplicación de la ley de amnistía dictada por Augusto Pinochet en 1978.

Tras denunciar la familia al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país aceptó otorgar una indemnización de 1,5 millones de dólares y reabrir la investigación.

Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Pinochet.

El pasado mes de septiembre, el juez Garzón pidió a las autoridades chilenas que le informaron de si existen procedimientos penales en ese país contra quince ex militares y ex representantes de la dictadura chilena (1973-1990) en relación al asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976.