Viernes, 12 de Septiembre de 2008

La Junta adjudicó un huerto solar a la mujer de su director de Energía

La esposa del alto cargo de Castilla y León era dueña del 50% de la empresa que recibió la concesión 

IÑIGO ADURIZ ·12/09/2008 - 22:55h

La Junta de Castilla y León adjudicó en 2007 una planta fotovoltaica a una empresa de la esposa del director general de Energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero, según demuestran documentos oficiales a los que ha tenido acceso Público. González Mantero y su esposa están casados en régimen de gananciales.

Esta adjudicación es un nuevo capítulo del conocido como caso de los huertos solares, que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios, acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. El Gobierno regional de Juan Vicente Herrera (PP) intentó dar carpetazo al escándalo el pasado 2 de septiembre, al negarse a seguir investigando en las Cortes de Castilla y León. El PP ha argumentado hasta ahora que el caso no afectaba a cargos políticos.

Accionariado familiar

La empresa adjudicataria del huerto solar se denomina Hispano Noruega de Energías, fue creada el 23 de junio de 2006 y tiene su domicilio social en Madrid. El capital se repartió, al 50%, entre María Fe Álvarez Fortes, mujer del director general de Energía, y Silje Grotle Nilssen, cuñada de dicho alto cargo. Ambas fueron designadas administradoras solidarias.

Hispano Noruega de Energías, cuyo objeto social es “la explotación de energía solar y eólica”, solicitó en septiembre de 2006 una autorización a la Junta para proyectar una instalación fotovoltaica en un huerto solar de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid).

En ese momento, González Mantero era director general del Ente Público Regional de la Energía (EREN). Pocos meses más tarde, el 19 de junio de 2007, sumó a dicho cargo el nombramiento como director general de Energía y Minas, convirtiéndose así en el principal responsable en materia energética del Gobierno regional, subordinado únicamente al consejero y viceconsejero de Economía y Empleo.

La concesión

El 22 de agosto de 2007, Hispano Noruega de Energías recibió la concesión para instalar la planta fotovoltaica en Torrecilla de la Abadesa. Justo al día siguiente, María Fe Álvarez Fortes vendió sus acciones a la cuñada de su marido y renunció al cargo de administradora solidaria.

El precio de venta fue de 1.500 euros, el valor nominal de las participaciones. Estos dos acuerdos no se elevaron a públicos hasta el pasado 21 de agosto de 2008, cuando ya había saltado a la luz pública el caso de los huertos solares.

La autorización para instalar la planta fue concedida por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid. En la resolución se indica que cabía interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, precisamente ante el propio González Mantero.

Durante todo el proceso, el director general de Energía no presentó ninguna declaración de inhibición, en contra de lo que establece la norma sobre incompatibilidades. Dicho escrito de inhibición lo presentó el 8 de octubre de 2007.

La versión oficial

González Mantero, en declaraciones a Público, aseguró que nada más acceder al cargo habló con su esposa para vender las acciones porque su “único objetivo era que ningún familiar directo tuviese propiedades en empresas fotovoltaicas. Es verdad que la venta se produjo un día después de la adjudicación, porque mi cuñada vive en Londres y fue la fecha que nos dieron en el notario de Madrid para la firma”.

El director general de Energía negó cualquier irregularidad e insistió en que “la decisión de vender es lógicamente anterior a la fecha de venta, y mi esposa y yo no estábamos pendientes de la adjudicación. Fue una casualidad que la autorización para la planta se concediese un día antes”.

También aclaró que la venta de las acciones se produjo por el precio nominal porque “no pretendía especular”. Este hecho podría incumplir la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, donde se establece el concepto de “valor razonable de las acciones”, que en el caso de las participaciones no cotizadas debe ser establecido por un auditor de cuentas y cuya cuantía debe corresponderse con el valor de mercado.

En cuanto a su tardanza en inhibirse, González Mantero contestó: “Firmé los papeles cuando me los mandaron desde la Secretaría General de la Consejería”.