Joan Saura (Barcelona, 1950) ha encajado los últimos días duras críticas por su pacto con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que evitó una comprometida comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso. Su rostro refleja cierta tensión, pero también alivio. Paradójicamente, la inflexibilidad de Pedro Solbes ha salido en su ayuda. Para Saura, lo peor hubiese sido que la sesión parlamentaria pasara sin pena ni gloria .

¿Está satisfecho de las explicaciones del vicepresidente?

En absoluto. En primer lugar porque la intervención tenía que favorecer la distensión y, al contrario, fue prepotente. En los contenidos no se movió y lo que dijo no cumple con los preceptos del Estatut. Para Catalunya ha sido una intervención frustrante.

¿A qué atribuye este enrocamiento de Solbes?

No lo sé. Pero me sorprende que después de todo lo que ha pasado no hiciese una intervención más distendida y avanzando algunos conceptos. No sé si tiene otros compromisos, si está haciendo táctica o simplemente si tiene la intención de no cumplir el Estatut.

¿Puede Solbes imponer su modelo, tal como amenazó?

No. Si la Comisión Mixta Estado-Generalitat no lo acuerda no puede imponer nada. La prueba es que en 1996 hubo comunidades socialistas que no aceptaron el modelo pactado por PP y CiU y no se les aplicó.

Ustedes dicen que el Estado está sobrefinanciado, pero Solbes dijo lo contrario el jueves...

En los últimos años, el gasto que más ha crecido es el de atención a las personas. En Catalunya tenemos 7.700.000 tarjetas sanitarias; en poco tiempo hemos aumentado un millón de tarjetas. En educación hemos pasado en diez años de cerrar escuelas por falta de niños a tener que escolarizar a 200.000 alumnos. Por contra, el gasto de la Administración central en Defensa, Exteriores, etc. no ha crecido tanto. Ha habido un crecimiento exponencial del gasto social que asumen las CCAA.

Solbes sostiene que los recursos de las CCAA han crecido más que los de la Administración central...

Nuestros datos indican lo contrario. Entre 2002 y 2006, las comunidades han pasado de tener el 54,84% de los recursos al 49%, y la Administración central ha pasado del 45% al 51%. [Solbes dijo que las comunidades habían pasado del 54,84% al 57,46%]

Solbes también aseguró que el principio de ordinalidad no afecta a los recursos por habitante sino a la renta per cápita, que es lo que dice el Estatut.

Sí, pero tiene que aceptar que para nosotros la solidaridad no puede significar quedar por debajo en cuanto a recursos de otras comunidades. Lo contrario es desincentivador.

Pero eso no es lo que dice el Estatut...

Sí, pero es igual. Se aplique como se aplique nosotros defendemos el principio de ordinalidad, porque no tiene sentido que si ayudamos a otra comunidad, después de aplicar la solidaridad tenga más recursos que nosotros. En todos los países federales la solidaridad está objetivada, y aquí no hay ninguna regla. Solbes insistió en que ellos no han incumplido ninguna ley...

¿Cómo es posible que después de dos años el vicepresidente haga una propuesta genérica a 20 días de que expire el plazo legal y diga que ha cumplido? Han tenido dos años para hacerlo. Entiendo que les sea muy difícil decir que han incumplido la ley, pero es lo que han hecho.

Si hay que poner más dinero, ¿quién pierde?

Solbes tiene que decir dos cosas: primero, cuánto va a pasar del Estado central a las autonomías; y después, cómo se distribuye entre ellas. De lo primero no ha hablado nunca y del reparto ha dicho vaguedades.

Ha dicho que lo aplicará a plazos.

Eso el Estatut ya lo prevé. Ese no es el problema. El problema es el modelo y el dinero que se va a transferir.

Pero la Administración central no parece que esté por la labor...

Hay ministerios que no tienen sentido, como el de Vivienda, cuando las competencias están transferidas. Y son discutibles incluso el de Igualdad o el de Cultura. O podríamos ver cómo no ha habido una disminución de funcionarios que corresponda a las transferencias que se han hecho a las autonomías. La Administración central tiene que adelgazar.

Los partidos catalanes tienen una palanca potente que es el voto a los Presupuestos...

Yo, como presidente de ICV, le aseguro que si no hay acuerdo de financiación, no votaremos los Presupuestos. Si hacemos lo contrario estaríamos aceptando la continuidad del modelo. Solbes no lo quiere ligar, pero nosotros sí lo ligamos.

¿Y el PSC?

El PSC está instalado en una cierta ambigüedad. Pero lo que está claro es que sin un buen acuerdo estaríamos hipotecando el futuro de Catalunya para los próximos 10 años. Tenemos a toda Catalunya detrás. Incluso el PP defiende que Catalunya necesita más recursos.

¿Se equivocó ICV al pedir la comparecencia a Zapatero al margen del frente común catalán?

No. Los grupos parlamentarios en el Congreso tienen autonomía en el tema de la financiación, lo único que no pueden es negociar contenidos del modelo. Nosotros hemos pedido una comparecencia que tuvo el apoyo de todos en la Diputación Permanente y después negociamos un límite temporal. No hemos entrado en los contenidos del modelo, como sí hizo CiU con el Estatut. En absoluto hemos roto ninguna unidad.

Si era una cosa entre partidos, ¿por qué lo negoció usted con la vicepresidenta y no Joan Herrera con José Antonio Alonso?

Yo siempre he actuado como presidente de ICV y la vicepresidenta me llamó porque pensó que la negociación se debía llevar al máximo nivel. Nadie ha dicho que mi acuerdo sea un acuerdo de Gobierno; todos han dicho, para lo bueno y para lo malo, que es un acuerdo de ICV.

El proceso ha dejado heridas abiertas, sobre todo con ERC...

Mire, hoy, gracias a ICV, Catalunya conoce cosas que antes no sabía sobre lo que piensa Solbes. ¿Alguien piensa que eso es malo? ¿Alguien piensa que es malo que el Gobierno central tenga un límite temporal de tres meses para llegar a un acuerdo? Si a alguien no le gusta eso, pues lo siento.

¿Habrá propuesta conjunta del tripartito y CiU sobre financiación?

Creo que sí, y en un plazo breve de 15 ó 20 días. El Estatut nos permite esa cohesión catalana.

¿Qué balance hace de dos años de despliegue del Estatut?

Hay aspectos positivos y negativos, pero sobre todo, lo que pasa es que el fiasco del traspaso de Cercanías ensombrece las transferencias que sí se han logrado, como la Inspección del Trabajo, que culminará en junio. Tenemos cerrado el acuerdo de los permisos de trabajo de inmigración, la gestión del litoral...

Pero lo que echo en falta por parte del Gobierno central es una hoja de ruta de qué supone desplegar el Estatut y un calendario. A día de hoy la mayoría de ministerios no han asumido el nuevo Estatut. El Estado continúa haciendo leyes que lo vulneran.