Las compañías de telefonía móvil no tienen grandes noticias últimamente en lo que a impuestos se refiere. Además de la pelea actual con los ayuntamientos, el Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, seis años después, respecto al más polémico impuesto empresarial de la segunda legislatura del Partido Popular.

Se trata de la tasa que afecta a las frecuencias de radio (utilizadas por las compañías de telefonía para dar servicio), que se multiplicó hasta por 16 veces en 2001 con respecto al ejercicio anterior. En juego están 981 millones de euros que las firmas confiaban en recuperar en buena parte.
Por el momento, se han dado por perdidos los primeros 12,7 millones. El precedente, viniendo del Tribunal Supremo, es más que relevante.

El primer afectado no ha sido una firma de móvil sino Jazztel, tal y como reconoce la compañía en su presentación de resultados trimestrales hecha pública ayer. Jazztel contaba en 2001 con licencia para dar Internet vía radio (sin cables), también afectada por la tasa radioeléctrica.

El resto de firmas que utilizaban esta tecnología (hoy fusionadas o desaparecidas) emularon a las cuatro compañías de telefonía móvil y recurrieron el llamado espectrazo ante la Audiencia Nacional.

El porqué de 980 millones

En marzo del año 2000, un día antes de las elecciones generales, aparecía publicado en el BOE el resultado del concurso de las nuevas licencias de telefonía: cuatro para dar servicio móvil multimedia (3G o UMTS) y seis para dar Internet en edificios sin cables, utilizando frecuencias radioeléctricas.

España se adelantó a la práctica totalidad de los países europeos y adjudicó por concurso las licencias. El precio por cada concesión fue de 21.750 millones de las antiguas pesetas (130,7 millones de euros). La comparación con lo recaudado en los procesos de adjudicación por subasta que siguieron Alemania o Reino Unido dio una afilada arma a la oposición, entonces el PSOE, para criticar al gobierno.

Bastaba con comparar lo pagado en España, con los 1,4 billones de pesetas (8.414 millones de euros) que pagó el consorcio de la española Telefónica por conseguir una licencia de las mismas características en Alemania. Licencia que luego le quitó el gobierno germano sin devolver ni un euro.

El Ejecutivo del PP buscó el modo de mitigar el supuesto daño a las arcas del Estado y lo hizo multiplicando exponencialmente el impuesto que han de pagar las compañías por usar un bien escaso como son las frecuencias. Todas recurrieron la decisión ante la Audiencia Nacional, que lo envió al Constitucional, que lo devolvió a la Audiencia, quien finalmente lo derivó al Tribunal Supremo.

El llamado espectrazo fue una de las peleas a las que tuvo que enfrentarse la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, pese a ser competencia del Ministerio de Hacienda.