El ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, comenzará en breve a conceder licencias provisionales de ocupación de edificios promovidos en la era del GIL y ya construidos, cuya legalidad está impugnada en los tribunales. Lo hará antes de que el nuevo plan urbano (PGOU ) esté en vigor, es decir, antes de que esos edificios sean presumiblemente legalizados. Y lo hará en virtud de un acuerdo, que fue cocinado junto a la Junta de Andalucía (PSOE), aprobado en el último pleno de julio sólo con los votos del PP: el PSOE se abstuvo e IU votó en contra. La moción adelanta la ejecución del futuro plan urbano (PGOU) que legalizará la herencia de los gobiernos gilistas: 18.000 viviendas ilegales pasarán a ser legales si la ciudad recibe suelos de promotores de edificios ilegales para equipamientos públicos.

El PP sostiene que no hay problema con la ocupación de viviendas que podrían ser declaradas ilegales por un tribunal, porque una vez legalizado el edificio por el nuevo PGOU, el problema habrá desaparecido. La previsión es que el plan urbano se apruebe provisionalmente en septiembre y que la Junta le dé el visto bueno definitivo a principios de 2009.

¿Por qué no esperar hasta entonces, hasta que esté todo legalizado? El PP y la alcaldesa Ángeles Muñoz defienden que es mejor adelantarse, que ayudará a las familias, que reactivará la economía local, afectada por la operación Malaya, y que le dará un marco normativo de actuación.

La Junta de Andalucía, que consensuó el documento con el ayuntamiento, y que ahora, tras la aprobación por el Pleno ha solicitado un informe jurídico, considera también que había que darle solución a la parálisis que sufre la ciudad desde la operación Malaya.

Vigilancia de la Junta

El consejero de Vivienda, Juan Espadas, aseguró en una entrevista reciente al diario Sur de Málaga que vigilará cómo desarrolla el ayuntamiento la concesión de licencias para que no se convierta en un coladero. Cada una de ellas deberá ir acompañada de un informe jurídico y otro económico y deberá contar con la renuncia expresa del promotor a cualquier indemnización si su edificio queda fuera finalmente de lo legalizable por el PGOU. El demandante de la licencia también deberá garantizar la compensación en suelo al ayuntamiento para equipamientos públicos, como prevé el plan urbano para regularizar el edificio. El ayuntamiento ha recibido 975 peticiones de licencias de ocupación y 32 de comercios. No ha especificado quién las ha presentado.

El acuerdo del Pleno, que no cuenta con un informe de legalidad municipal (el PP sostiene que no hacía falta), suscita serias dudas en el PSOE marbellí, en IU. Ecologistas en Acción ya han anunciado que lo van a impugnar. La Juntacree que el acuerdo es correcto. La oposición argumenta que conceder las licencias es darle un arma de presión a los promotores.

El acuerdo tiene otras dos patas. Además de la concesión de licencias, se prevén también derribos y la revisión de licencias de obras de la época Gil para evitar que se consolide la ilegalidad.

Hasta ahora la demolición  no entraba en los planes cercanos del consistorio. Con el acuerdo, se prevé que el derribo de las estructuras construidas ilegalmente y que no afecten a terceros se lleve a cabo después de que se otorguen las licencias. La Junta ya ha instado a que se inicien derribos.

El acuerdo incluye la revisión de licencias ilegales en cuanto se apruebe provisionalmente el plan, en septiembre. Hasta ahora, Muñoz se había negado a las peticiones de la Junta de revisar las 995 licencias ilegales de la era Gil con el argumento de que causarían perjuicios a terceros de buena fe, los compradores de los pisos ilegales. Ahora, la Junta ha asumido esperar a que se apruebe provisionalmente el PGOU. El artículo 190 de la ley urbanística andaluza establece que las licencias ilegales “deberán” revisarse. El ayuntamiento ya ha sido condenado a revisar licencias.