Archivo de Público
Martes, 6 de Noviembre de 2007

En las reuniones con China, EEUU, Rusia o Marruecos no se habla de derechos humanos

Amnistía Internacional acusa al Ejecutivo español de olvidar las cuestiones humanitarias cuando hay intereses políticos o económicos de por medio. 

AGENCIAS ·06/11/2007 - 19:08h

Imagen de portada del informe de Amnistía Internacional. Dos hombres sentenciados por asesinato comparecen públicamente en una ciudad china, el 26 de diciembre de 2006. /AP

Amnistía Internacional ha acusado al Gobierno de arrinconar la defensa de los derechos humanos en sus relaciones con países como Rusia, Estados Unidos, China y Colombia, por intereses estratégicos o económicos y de prestar, en algunos casos, apoyo político a acciones que vulneran esos derechos.

En su informe sobre la política exterior del Ejecutivo en los dos últimos años, esta ONG también insta al Gobierno a abordar con las autoridades de Marruecos "las violaciones de derechos humanos que se cometen" en ese país contra periodistas y activistas políticos, y a que garantice que se respetan los acuerdos de cooperación sobre el control de la inmigración.

Además, lamenta que se concedieran en 2006 ayudas para ese control de más de 10 millones de euros, "sin haber avanzado en las investigaciones" sobre la muerte de 13 personas cuando intentaban entrar a España a través de Ceuta y Melilla, y que los menores marroquíes no acompañados estén siendo "expulsados de forma encubierta a través de repatriaciones" sin respetar su derecho a recabar su testimonio y a la tutela judicial.

En Marruecos, inversiones 

Explica que España es el segundo cliente, proveedor e inversor en Marruecos, con alrededor de 500 empresas operando en ese país, y que en 2006 el Gobierno dio la autorización para la venta de material de defensa por valor de más de 16 millones de euros.

"Aunque hay un apoyo por parte del Gobierno español al sistema internacional de derechos humanos, con aquellos países en los que el Ejecutivo tienen intereses económicos como en China, energéticos con la Federación Rusa o cuando el interés es mejorar las relaciones bilaterales como con EEUU, los derechos humanos en este tipo de relaciones están ausentes", ha asegurado el director de AI en España, Esteban Beltrán, durante la presentación de este informe.

De Rusia, el petróleo 

En el caso de Rusia, "principal suministrador de crudo a España", lamenta que no se haya puesto en marcha ninguna acción para exigir el respeto de los derechos humanos y denuncia que se negara a la ONG "Sociedad de Amistad Ruso-Chechena" su participación en una reunión sobre víctimas del terrorismo de la OSCE por "presiones del Gobierno ruso".

La subdirectora de esta organización, la periodista Oksana Chelysheva, presente en este acto, ha denunciado que la situación de los informadores en Rusia "se está poniendo extremadamente peligrosa" por el "hostigamiento y las amenazas" que están recibiendo por parte de las autoridades de ese país, lo que ha obligado a algunos compañeros a salir del país.

La periodista considera que la actitud de España en la reunión de la OSCE fue "chocante", y cree que el motivo de ese veto fue el de silenciar los informes de esta organización "donde se cuentan la situación real de las víctimas del terrorismo" en la federación rusa.

Por un plan nacional de derechos humanos

El informe de Amnistía Internacional también aborda las relaciones con EEUU y expone que 350 personas siguen encerradas sin juicio en Guantánamo y que más de 39 están desaparecidas en el marco de la "guerra contra el terror", en el que se "ha desvelado complicidad y tolerancia de gobiernos europeos" en los vuelos secretos de la CIA.

Respecto a China, señala que aunque el Gobierno español se ha comprometido a no extraditar a personas por delitos castigados con la pena de muerte, expone su preocupación por la imposibilidad de garantizar que no se haga y lamenta "la falta de acciones claras" de España para promover los derechos humanos en ese país.

Entre las recomendaciones, Amnistía Internacional plantea, como las más urgentes, la elaboración de un borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos para que sea examinado por la sociedad civil y que se incluya en todos los acuerdos bilaterales con determinados países cláusulas de derechos humanos y mecanismos para verificar avances en este sentido.