EFE - El negociador iraní para la cuestión nuclear, Saeed Jalili.

La Unión Europea (UE) ha aprobado nuevas sanciones sobre Irán, principalmente de tipo económico, dentro del marco establecido por la ONU para penalizar a este país por su programa nuclear.

La decisión, dada a conocer hoy, supone la entrada en vigor de las últimas restricciones aprobadas en marzo pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Así, los Veintisiete limitarán el apoyo público a empresas europeas que comercien con Irán y supervisarán más cuidadosamente a los grupos financieros que tienen tratos con bancos iraníes, en especial con el Saderat.

La decisión supone también la imposición de nuevas inspecciones en aviones y barcos que viajen hacia Irán o que procedan de allí, en especial los de las compañías Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, para asegurar que no se introducen productos de contrabando en el país.

Las sanciones introducen en la UE las restricciones incluidas en la resolución 1.803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue aprobada el 3 de marzo pasado, y endurecen las penalizaciones vigentes en base a anteriores medidas acordadas en las Naciones Unidas.

Las restricciones existentes hasta ahora en Europa prohibían, entre otras cosas, que las entidades bancarias iraníes llevasen a cabo actividades económicas en la UE.

Además, varias personas relacionadas con los programas iraníes de enriquecimiento nuclear y desarrollo de misiles balísticos tenían ya prohibida su entrada en suelo comunitario.

El pasado miércoles, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China) y Alemania acordaron promover una nueva ronda de sanciones contra Irán en el marco de las Naciones Unidas ante su rechazo a abandonar su programa nuclear.

Las potencias del Grupo 5+1 consideran que Teherán no ha ofrecido una "respuesta clara" a su oferta de incentivos para detener el desarrollo atómico.

El plan presentado por estos países ofrecía a Irán entrar en un período de pre-negociación de seis semanas, durante el cual podría continuar con la actividad nuclear al nivel actual, pero se comprometería a no poner en marcha nuevas centrifugadoras.