La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería)  a nueve presuntos miembros de una organización transnacional que habría explotado para su prostitución a más de diez mil mujeres de origen ruso. Se cumple así la última fase de la operación Zarpa, la más importante contra las redes rusas de trata de mujeres.

Además de los nueve supuestos miembros del grupo, acusados de delitos relacionados con la prostitución y los derechos de los trabajadores, durante esta última fase de la operación han sido apresadas en el poniente almeriense en aplicación a la ley de extranjería 16 víctimas de este grupo.

Tras las últimas detenciones practicadas a lo largo de esta semana, el Cuerpo Nacional de Policía ha informado hoy de la desartculación total de la organización en la que se ha considerado como la mayor operación policial contra las redes rusas de trata de mujeres en España.

Operación 'Zarpa' 

La operación Zarpa se inició a finales de 2006, fecha desde la que han sido detenidas 99 personas, de las que treinta están en prisión por delitos relacinados con la prostitución, blanqueo de dinero y contra los derechos de los trabajadores.

Las investigaciones arrancaron al detectar los agentes un flujo significativo de dinero entre la provincia de Almería y Rusia que guardaba "estrecha" relación con determinados clubes de alterne y que provenía de la práctica de la prostitución a la que forzaban a multitud de ciudadanas rusas, así como de la compra a las redes de este país de nuevas mujeres para su futura explotación.

Hasta veintiséis clubes de alterne de provincias como Almería, Granada o Lérida han sido registrados por los agentes, la mayoría de los cuales estaban regentados por parejas hispano-rusas que se encargaban al tiempo de la gestión del local -con unos ingresos anuales cada uno de ellos de medio millón de euros- y del estableciiento de los contactos con los traficantes o captadores de víctimas en Rusia.

En cada uno de estos locales, antiguas víctimas de la red reconvertidas a camareras o encargadas se empleaban en evitar fugas o denuncias por parte de las mujeres explotadas, aproximadamente unas diez mil, según los datos recopilados por la Policía, que eran incorporadas a la red mediante "amenazas, engaños o aprovechando su especial vulnerabilidad".

Los ingresos de cada club, estimados en medio millón de euros anual, derivó en que, en torno a alguno de estos clubes, se originasen en entramados societarios y se interpusiesen testaferros con el objetivo de blanquear las ganancias obtenidas de la prostituión, así como para ocultar a las autoridades la propiedad real de estos establecimientos.

Tras más de dos años de investigaciones, la Policía ha logrado apresar a 99 integrantes de la organización, así como a 599 víctimas de su actividad delictiva, de las que una veintena han denunciado su condición de víctimas, declarando como testigos protegidos por temor a las posibles represalias de la organización criminal.

La operación Zarpa se ha saldado además en sus cuatro fases con la práctica de 82 registros en seis provincias, 26 de ellos en clubes de alterne y 56 en domicilios particulares.

Las pesquisas de la Policía Nacional han permitido concluir que las víctimas de esta organización transnacional superan las 10.000 mujeres, si bien este cálculo excluye a otro grupo de jóvenes que, según han constatado los investigadores, han sido enviadas en las mismas condiciones a países como Italia, Grecia, Japón o Corea.