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Miércoles, 30 de Julio de 2008

Un conseller de ERC plantea devolver competencias si no hay más dinero

Huguet propone un plante si la financiación no mejora // Acusa al Estado de rehuir "marrones"

FERRAN CASAS / JUANMA ROMERO ·30/07/2008 - 07:30h

EFE - La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, ayer en la sede del ministerio, antes de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.

Parece el mundo al revés, pero no es más que la prueba de hasta qué punto el bloqueo de las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación entre el Estado y la Generalitat tensa las cosas. El republicano Josep Huguet, conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat, afirmó ayer que si se perpetúa la “asfixia” financiera a la que, según él, el Estado somete a la Generalitat sería adecuado plantearse devolver competencias. Huguet puso como ejemplo de esta situación una de las competencias que él gestiona, la de las becas educativas. Para llevar a cabo políticas sociales de este tipo, afirmó, se necesita una financiación que las comunidades no tienen, “y esto es una trampa”.

Después de acusar al Gobierno de “irresponsabilidad”, indicó que quien debería poner dinero “no lo hace” y quienes “asumen desgaste” son los gobiernos autónomos. El dirigente de ERC fue gráfico al afirmar que mientras el Estado gasta “en inauguraciones” las comunidades “se comen los marrones”. Según él, el hecho que el Estado tenga “una caja sobreabundante” le permite hacer políticas que no le tocan u otras “electoralistas” como devolver 400 euros.

Ministerios residuales

Huguet señaló que el sistema autonómico se ha revelado como “ineficaz” y que si se pretende que las autonomías sigan gestionando políticas sociales es necesaria una reforma federal de la Constitución.El conseller denunció, en la línea del president Montilla en su entrevista a Público el pasado 16 de junio, que la administración del Estado está sobredimensionada: “El ministerio de Cultura, que es una competencia de las comunidades, tiene más funcionarios que en 1979”, afirmó. En esta línea pidió suprimir este departamento y otros con competencias “residuales” como Vivienda, Agricultura o Medio Ambiente.

En este clima se reúne hoy la comisión bilateral Estado-Generalitat. Ayer la parte catalana analizó las perspectivas y constató las escasas posibilidades de avanzar en traspasos importantes. Confiaban en poco más que conseguir algo sobre la Inspección de Trabajo o abrir alguna ponencia ante la “nula voluntad” del Gobierno del PSOE con el Estatut.

El distinto tempo ya se hizo patente en la Comisión Mixta de Transferencias. El conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, vio con “preocupación” la “lentitud” de los traspasos aunque comprendió que en ocasiones el diálogo “no es fácil”. Elena Salgado reconoció la inquietud catalana. “Yo también habría manifestado esa voluntad de estar en su lugar”, esgrimió. Mostró su disposición a que desde ahora los traspasos “discurran a más velocidad”, a “diez por año”, sin escamotear la letra del Estatut. La ministra atribuyó el ralentí a los “problemas de interpretación que plantea cualquier ley”.

 

COMISIÓN EN MADRID
Se acuerdan cinco nuevos traspasos

Dos años después de la aprobación del Estatut se han traspasado 11 competencias de la cuarentena previstas de forma automática en el texto. Ayer, en Madrid, en la Comisión Mixta de Transferencias, la ministra Salgado y el conseller Saura acordaron traspasar cinco de ellas, todas de carácter menor. Eso supone un coste de 3,8 millones de euros.

Dos son las transferencias más significativas cerradas: la ordenación y gestión del litoral (en vigor desde el 1 de octubre de 2009) y la homologación de títulos y estudios extranjeros de enseñanzas no universitarias (efectiva en enero del próximo año). Salgado y Saura cerraron la cesión de las comunicaciones electrónicas (que llevaba más de un año encallada) y de la titularidad de la depuradora del Baix Llobregat. Se aprobó la inyección de 6,66 millones de euros adicionales para la mejora de los juzgados catalanes creados en 2007.