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Jueves, 24 de Julio de 2008

El proyecto de nueva Constitución divide las opiniones en los sectores políticos de Ecuador

EFE ·24/07/2008 - 12:25h

EFE - Correa junto a su vicepresidente, Lenín Moreno, y varios ministros del gabinete, así como los titulares de entidades públicas, serán testigos de la entrega del proyecto de la vigésima Carta Magna al titular del TSE, Jorge Acosta.

El proyecto de nueva Constitución aprobado hoy en Ecuador, que incluye reformas a los poderes del Estado, el manejo de la economía y la reelección presidencial por una sola vez, contiene rasgos dictatoriales, dijeron fuentes políticas a Efe, mientras otras exaltaron los valores democráticos que incorpora.

En el proyecto se sustituye al sistema económico de "mercado" por uno "social y solidario", y se perfila que el Estado tendrá más control y participación en sectores estratégicos como el petróleo, las minas, las telecomunicaciones y el agua.

Posibilita, de igual forma, la reelección presidencial inmediata por una sola vez.

Para Luis Villacís, director del Movimiento Popular Democrático (MPD, de izquierdas), el proyecto de Constitución "es un golpe al neoliberalismo", pues prohíbe las privatizaciones, la congelación de los depósitos bancarios, da la posibilidad de impugnar las deudas consideradas ilegítimas y democratiza el crédito.

Villacís dijo a Efe que el proyecto apoya la soberanía al no permitir la instalación de bases militares extranjeras; la soberanía alimentaria al prohibir la privatización del agua, el latifundio y la concentración de tierras en pocas manos.

En su opinión, el proyecto es "altamente democrático", porque faculta al presidente a llamar a consulta popular en diferentes temas y crea un control social desde el ámbito de los sectores populares, aunque la oposición teme que se manipule a la gente.

Según el segundo vicepresidente de la Asamblea, César Rodríguez, el texto constitucional garantizará que en el país "se construya un sistema de derechos", y permitirá la "recuperación de la dignidad" de grupos sociales excluidos en el pasado.

No obstante, el asambleísta Gilmar Gutiérrez, del opositor Partido Sociedad Patriótica, ve el proyecto como una "propuesta estatista para concentrar poder" y una vía al "hiperpresidencialismo".

Gutiérrez dijo a Efe que la nueva Constitución es "dictatorial" y politiza la función judicial al crear una Corte Constitucional integrada por dos personas designadas por el Ejecutivo, el Legislativo y Transparencia y Control Social.

Esa función de Transparencia y Control Social será designada por el órgano legislativo que, en principio, según Gutiérrez, estará representado por la Comisión Legislativa que designará la Asamblea, de mayoría oficialista, para suplir el vacío del Parlamento mientras se aprueba la nueva Carta Magna.

En lo político, coincidió con Villacís en destacar como positivo lo que ha dado en llamarse "muerte cruzada", como se conoce a la disposición de que si la Asamblea Nacional (ex Parlamento) destituye al Presidente de la República, se convocará a nuevas elecciones para designar a los representantes de ambas funciones, y viceversa.

Además, resaltaron los cambios en la función electoral, con la conformación de un Consejo Nacional Electoral y una Corte de lo Contencioso Electoral, aunque Gutiérrez teme que los representantes de esos organismos sean designados políticamente.

En el proyecto consta el voto facultativo para los jóvenes a partir de los 16 años, así como el de los militares y policías y se mantiene la obligatoriedad del voto desde los 18 años.

El asambleísta de oposición Pablo Lucio Paredes considera que el presidente asume más poder debido a que se le otorga la facultad de bloquear por un año una iniciativa legislativa que no le parezca adecuada.

Apunta que ya no hay autonomía del Banco Central, con lo cual se pierde el contrapeso de poderes, porque, a su criterio, estarán en manos del Ejecutivo las Finanzas, la Planificación y las políticas monetarias y afines.

Señala, asimismo, que en el nombramiento de muchas autoridades participa con fuerza la ciudadanía, que, según cree, va a estar manipulado por el Gobierno.

A este punto de vista se une el de Cristina Reyes, del opositor Partido Social Cristiano, para quien el proyecto es "totalitario, (pues permite) que todos los poderes se concentren en el Ejecutivo" y lesiona el derecho a la propiedad privada.