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Jueves, 17 de Julio de 2008

Granado dice que la obligación del Gobierno es garantizar que se terminen las viviendas de Martinsa-Fadesa

EFE ·17/07/2008 - 11:32h

EFE - El Secretario del área de Política Económica y Empleo del PSOE, Octavio Granado.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, dijo hoy que la obligación del Gobierno es garantizar que se terminen de construir las viviendas que se han quedado paradas por la situación de Martinsa-Fadesa y dar a los trabajadores de la empresa el amparo del sistema de protección social.

Durante un debate con el portavoz del PP en el Congreso, Cristobal Montoro, organizado por la Cadena SER, Granado añadió que el Gobierno también "tiene que hacer lo posible" para que la compañía vuelva a la actividad cuanto antes "para seguir creando riqueza y empleo".

Así respondió Granado a una pregunta sobre la pertinencia de que el Gobierno debe conceder un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la empresa constructora para garantizar la continuidad.

En este sentido, Montoro afirmó que el Gobierno "no puede acudir a salvar empresas grandes" porque no lo hace cuando quiebra una pequeña, y lo que debe hacer es "evitar el cierre".

Granado coincidió en que el ICO "ha hecho bien" en negar ese crédito, aunque se mostró partidario de la intervención pública en el mercado del suelo.

El secretario de Estado de la Seguridad Social reprochó a Montoro que le parezca "soviética" dicha intervención, cuando algunas comunidades autonómicas gobernadas por el PP tienen sociedades públicas que actúan sobre el mercado del suelo.

Montoro precisó en su respuesta que "lo que le parece soviético" es la propuesta del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, de comprar el suelo a una empresa en quiebra. "Una cosa es que haya suelo público y otra es comprar el suelo para comprar esa empresa", matizó.

Granado acusó a Montoro de que en su "afán de oposición" descalifique lo que está haciendo el PP en las comunidades en las que gobierna y dijo que está de acuerdo con la Comunidad de Madrid, en que va a ser necesario defender el derecho de los compradores a que su vivienda se termine.