Archivo de Público
Martes, 15 de Julio de 2008

La Audiencia sólo podrá subastar media cristalería del etarra Azpiazu

La otra mitad del local, ubicado bajo el domicilio de la viuda de una de sus víctimas, Ramón Baglieto, es propiedad de la esposa del terrorista

EFE ·15/07/2008 - 13:02h

La Audiencia Nacional sólo podrá subastar mañana la mitad del negocio de cristalería del etarra Kandido Azpiazu, ubicado bajo el domicilio de la viuda de una de sus víctimas, Ramón Baglieto, porque la otra mitad es propiedad de la esposa del miembro de ETA, han confirmado fuentes jurídicas.

Será en el juzgado número 1 de Azpeitia (Guipúzcoa) donde se lleve a cabo la subasta de la mitad de la cristalería, situada en la localidad también guipuzcoana de Azkoitia, mientras que la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargará de controlar el proceso y de verificar que el dinero recaudado en la subasta se deposite en una determinada cuenta bancaria.

En el caso de que no haya nadie que puje por este negocio, la Audiencia Nacional, que es la que ordenó el embargo y la subasta del comercio, convocará una segunda subasta en la que el precio de salida será inferior al que se fije mañana.

El dinero que se obtenga será para el Estado, que adelantó la indemnización que recibieron Elías y sus hijos en aplicación de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.

Debate político 

Azpiazu es uno de los dos condenados por el asesinato en 1980 del militante de la UCD Ramón Baglietto -el otro es José Ignacio Zuazolazigorraga- y en 2005 abrió una cristalería en un local situado bajo el domicilio de su viuda, Pilar Elías, lo que desencadenó un debate político sobre la necesidad de aplicar medidas de alejamiento en las condenas por terrorismo.

Este debate ha vuelto a abrirse con la excarcelación el próximo 2 de agosto del etarra Iñaki De Juana Chaos, aunque ahora lo que se está planteando es una reforma legal para evitar que los condenados por terrorismo puedan vivir en la misma calle que cualquier víctima de ETA.

Las medidas de alejamiento ya se dictan contra los sentenciados por terrorismo cuando se trata de sus víctimas directas y, de hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional las solicita "sistemáticamente" desde 2006, según han recalcado fuentes jurídicas.