Archivo de Público
Viernes, 11 de Julio de 2008

Brasil cierra el paso a los extranjeros

El Gobierno intenta protegerse contra la compra masiva de tierra en la Amazonia por parte de foráneos. Monta una campaña contra las ONG dedicadas al medio ambiente y los indígenas

BERNARDO GUTIÉRREZ ·11/07/2008 - 23:10h

"Inversores extranjeros compran seis Mónacos por día en Brasil". El titular, contundente y efectista, abría el domingo un especial de la Folha de São Paulo, el diario más influyente del país, sobre la "extranjerización" de la tierra en Brasil. El contenido (compras masivas, especulación extranjera), en realidad, no era ninguna novedad.

El Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria) hizo público a principios de junio un informe exclusivo que desvelaba que los extranjeros poseen 55.000 kilómetros cuadrados de tierra en Brasil (6,85 veces la Comunidad de Madrid). Y desde entonces, se ha desatado un auténtico tiro al gringo (como se conocen en Brasil a todos los extranjeros). Un auténtica caza de brujas para muchos. Una simple cuestión de soberanía para otros.


Guerra a las ONG

El caso es que el Gobierno brasileño ha desplegado todo su espectáculo. El Gobierno espera los retoques de la nueva ley, elaborada por la Abogacía General de la Unión. Al mismo tiempo ha declarado la guerra a las ONG extranjeras que operan en su territorio.

Por un lado, ha obligado a todas ellas a registrarse de nuevo en un plazo de 120 días. Por otro, el ministro de Justicia, Tarso Genro, ha comunicado que el Gobierno va a publicar un decreto presidencial que exigirá a todas las ONG que trabajen en tierras públicas a "aclarar sus objetivos".

La medida, multiplicada por los espejos mediáticos del país, vino precedida de un informe del Ministerio de Justicia que acusaba a siete ONG extranjeras de biopiratería. Entre ellas, la Comisión Pro Yanomami, Cool Earth o Amazon Conservation.

La reacción ha sido inmediata. Las ONG, inversores extranjeros y hasta especialistas brasileños han tildado las medidas de populistas. Incluso hay algunos que denuncian al Gobierno de Lula por desviar la atención y limpiar su maltrecha imagen ecológica.

Eduardo Viola, profesor de relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, asegura que no tiene sentido una "ley xenófoba" en el siglo XXI. "Lo que están intentando hacer es una cortina de humo. La diferencia no es si el dueño de una tierra es extranjero, sino si cumple la ley o no", afirmó Viola a la Folha de São Paulo.

Francisco Carlos Teixeira da Silva, autor de Historia de la Agricultura Brasileira, afirma que "antes de preocuparse con la propiedad de los extranjeros, sería fundamental tener una política clara sobre la propiedad de tierra en el país".

En este punto se encuentra una de las claves. En Brasil, la posesión de tierra es un absoluto caos. Ni siquiera hay un registro único de propiedad. Al menos 420.000 kilómetros cuadrados (el 8,5% de la Amazonia) tienen título de propiedad irregular, según un informe reciente que el Instituto del Hombre y de la Amazonia (IMAZON) ha preparado para el Banco Mundial.

Por otro lado, el Servicio Forestal Brasileño (SFB) alertó hace unas semanas sobre el riesgo de que 253.000 kilómetros cuadrados de selvas públicas sean invadidas con títulos falsos.

Marcos Wesley, presidente de Comisión Pro Yanomami, que está bajo la lupa vigilante de Lula, acusa al Gobierno brasileño de xenofobia. "Quieren expropiar los territorios indígenas. Lo que existen no son unas ONG con intereses extranjeros, sino personas sensibles a las cuestiones ambientales y los derechos indígenas. Además, hay intereses económicos de brasileños que ven al indio como un obstáculo para el desarrollo", declaró Marcos Wesley al Jornal do Brasil.

Acusaciones falsas

Hace unos meses, Luiz Antonio Souza, ex profesor de la Universidad Federal del Amazonas, denunciaba a este diario el acoso y derribo al que había sido sometida la ONG Associação Amazonia. En opinión de Souza, los verdaderos culpables del caso fueron los políticos del Estado de Roraima que acusaron a la ONG de tener títulos falsos y de biopiratería: "Ellos fueron acusados de robo de dinero público, formación de banda criminal..."

Antonio Porto Gonçalves, directivo de la prestigiosa Fundación Getúlio Vargas insistió en una entrevista en la TV Brasil que la presencia de extranjeros como propietarios "no es el principal problema". Lo importante, aseguró, es "no tener monopolio, el poder del mercado". Sin embargo, la oligarquía brasileña y buena parte de la opinión pública se han sumado a esta campaña. Los intereses extranjeros son ahora el gran chivo expiatorio.

En Brasil, donde algunos boletines informan que los escolares de Estados Unidos estudian que la mayor jungla del planeta no es sólo propiedad de Brasil sino de la comunidad mundial, el mito de la internacionalización de la Amazonia gana adeptos. Y son muchos los que defienden a ultranza la soberanía sobre la tierra. Para Plínio de Arruda Sampaio, presidente de Abra (Associação Brasileira de Reforma Agrária), la regulación es una "necesidad urgente". Incluso para algunas organizaciones izquierdistas, Brasil se vendió a los extranjeros. Por otra parte, Tomás Balduino, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra, sostiene que "el presidente Lula abrió el país al beneficio extranjero".

Mientras tanto, tras la cortina de humo, la deforestación amazónica continúa a un ritmo vertiginoso: 1.123 kilómetros cuadrados en abril. Lula, por cierto, todavía no ha autorizado la divulgación de los datos de mayo. Pueden ser aún peores.