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Viernes, 11 de Julio de 2008

El Gobierno italiano enmienda una norma que pararía un juicio a Berlusconi

EFE ·11/07/2008 - 15:23h

EFE - El líder del partido italiano de centro-izquierda, 'Italia dei Valori', Antonio Di Pietro, espera en la Cámara de los Diputados en Roma (Italia), durante la votación de la 'Ley de Inmunidad'.

El Gobierno italiano propuso hoy en la Cámara de Diputados modificar una norma que, una vez aprobada, acarrearía la suspensión por un año de cien mil juicios en el país, entre ellos uno contra el primer ministro, Silvio Berlusconi.

Esta apertura del Ejecutivo, tras las numerosas críticas de la oposición y los jueces, se produce un día después de que la Cámara de Diputados aprobara el decreto que establece la inmunidad para los cinco principales cargos del Estado, incluido el primer ministro.

El Gobierno de Berlusconi ha recibido en estos meses numerosas críticas por haber aprobado dos decretos de ley con medidas destinadas, según la oposición, a blindar al primer ministro ante los dos procesos que tiene en marcha por corrupción.

A una de esas leyes, conocida como "bloquea-procesos", es a la que el Ejecutivo introdujo hoy dos enmiendas durante el debate en la Cámara de los Diputados, de manera que ya no supondrá la suspensión automática de miles de juicios, entre ellos el que se sigue en Milán contra Berlusconi por corrupción en actas judiciales.

El abogado de Berlusconi y parlamentario de la coalición Pueblo de la Libertad, Niccolo Ghedini, dijo que la nueva versión de la normas "no se aplica a los juicios en curso" en los que está implicado el presidente del Gobierno italiano.

La norma enmendada está incluida en un decreto de ley sobre seguridad, que según el Ejecutivo tiene como objetivo dar prioridad a los juicios que causan más alarma social, y con la que se suspenden aquellos por delitos anteriores a 2002 y penados con menos de diez años de cárcel.

Sin embargo, con las dos nuevas enmiendas, los juicios no quedan automáticamente suspendidos, sino que los considerados menos importantes se retrasarán hasta 18 meses y se aplicará para los cometidos hasta mayo de 2006 y castigados con menos de cuatro años de prisión.

Otra novedad es que cada tribunal hará su propia evaluación, según sus exigencias, sobre qué procesos se pueden posponer y elaborará una lista de los que considera prioritarios por crear grave alarma social.