EFE - La ex primera ministra Benazir Bhutto, líder del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), saluda a sus seguidores a su llegada hoy al aeropuerto internacional de Jinnah, en Karachi.

La imposición del estado de excepción en Pakistán, tras varios meses de pugna entre el poder Ejecutivo y el Judicial, supone una nueva pirueta de Pervez Musharraf para aferrarse al poder, un revés para la Magistratura y un grave escollo en el camino a las elecciones legislativas.

La declaración se produjo pocos días antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la validez de la reciente reelección de Musharraf como presidente, algo que, para los analistas, ha tenido mucho que ver con su decisión de suspender la Constitución.

Varios expertos legales sostienen que lo que se ha impuesto en Pakistán es una ley marcial disfrazada de estado de excepción, porque sólo así se puede suspender la Constitución de 1973 y emitir un "nuevo orden constitucional provisional", como ya hizo el general tras el golpe de Estado de 1999.

Los analistas destacan que la orden de proclamación de la excepción utilizaba el término "jefe del Ejército" en lugar de "presidente" para referirse a Musharraf, lo que ha contribuido a la idea de que el nuevo orden es, de facto, de ley marcial, como se denuncia en las filas de la oposición.

En este contexto, el general ha asegurado que las instituciones continuarán funcionando, pero muchos medios en Pakistán coinciden en que es una mera estrategia para crear la ilusión de que la democracia sigue en su lugar.

Los argumentos con los que se declaró la excepción -aumento del extremismo y paralización del Gobierno por las injerencias de la judicatura- también son vistos con escepticismo por buena parte del mundo político y judicial en Pakistán.

"Será difícil eliminar las dudas públicas de que (el nuevo orden) sólo se ha impuesto para arremeter contra una judicatura superior que finalmente (...) actuaba como organismo de control del Ejecutivo", sostenía hoy el rotativo "The News".

Entre muchos magistrados la acción del general se planeó como un golpe para hacer caer al Tribunal Supremo, con el único objetivo de "purgar" las altas esferas judiciales para deshacerse de los jueces "molestos".

Detenciones

El primero en rechazar el nuevo orden -y ser depuesto fulminantemente- fue el presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, símbolo del activismo judicial en Pakistán.

En el bando de Chaudhry están la mayor parte de los magistrados que integraban las instancias superiores del poder Judicial, que se han resistido a realizar un nuevo juramento ante el presidente, ya que ello supondría reconocer el nuevo orden constitucional.

Sólo cuatro de los antiguos magistrados del Supremo han respaldado a Musharraf, entre ellos Abdul Hameed Dogar, leal al general y nombrado ayer jefe del Supremo para sustituir a Chaudhry en una veloz ceremonia en Islamabad.

Además de la voluntad de eludir el veredicto sobre la validez de su reelección, en los círculos políticos se apunta a que Musharraf ha estado influido por una facción del partido progubernamental PML-Q, que no veía con buenos ojos el acuerdo alcanzado entre el general y la ex primera ministra Benazir Bhutto.

En virtud de ese pacto, consensuado a principios de octubre, el Partido Popular de Pakistán (PPP) de Bhutto no se opuso a la reelección de Musharraf y, a cambio, éste anuló los casos por corrupción que la ex mandataria tenía abiertos en Pakistán.

Ello le abrió el camino de retorno a su país tras casi nueve años de exilio con la intención declarada de luchar "por la democracia" en medio de la reticencia de algunos líderes del PML-Q.

Bhutto volvió 

La declaración de la excepción se produjo mientras Bhutto estaba en Dubai, pero ello no le impidió regresar de inmediato a Pakistán, donde parece dispuesta a abanderar las protestas contra el estado de excepción.

Un nuevo acuerdo entre la ex primera ministra, principal líder activa de la oposición, y el general parece difícil, en vista de que Bhutto ya ha asegurado que accedería a ello sólo si se reinstaura la Constitución.

El otro gran opositor de Musharraf, el ex primer ministro Nawaz Sharif, está en el exilio, pero al menos una decena de activistas de su partido, la Liga Musulmana de Pakistán (N), han sido ya arrestados en virtud del estado de excepción.

Mientras, EEUU ha definido como "muy lamentable" el estado de excepción, pero al mismo tiempo ha señalado que continuará dando financiación militar al régimen de Musharraf porque es "un aliado muy importante en la lucha contra el terrorismo".