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Jueves, 10 de Julio de 2008

El alcalde dice que "El Pocero" le ha anunciado una querella suya y de varios ex ediles de PSOE y PP

EFE ·10/07/2008 - 12:35h

EFE - El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes (i), y el coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Cayo Lara, han valorado hoy en rueda de prensa la denuncia que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de esa localidad José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón, donde Francisco Hernando, "Paco el Pocero", prevé la construcción de 13.508 viviendas.

El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, ha dicho hoy que el constructor Francisco Hernando "El Pocero", promotor de la urbanización de El Quiñón, le ha hecho llegar que le presentará una querella criminal por denuncia falsa y que también lo harán tres ex concejales del PSOE y la ex portavoz municipal del PP.

Fuentes, en una rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo después de que ayer la Fiscalía Anticorrupción decidiera denunciar al ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública, ha anunciado también que el Consistorio estudiará personarse en la causa que se abra en los juzgados de Illescas, algo que también va a hacer IU.

Manuel Fuentes ha indicado que ayer por la noche Francisco Hernando llamó al concejal de Medio Ambiente de Seseña, Mario Hernández, y le dijo que iban a poner querellas criminales contra el alcalde por haber realizado una denuncia falsa el propio Hernando, el ex portavoz del PSOE y ex concejal de Hacienda, Felipe Sancho, los ex concejales socialistas Tomás García Félix y Catalina Murillo, y la ex portavoz del PP, Asunción Fructuoso.

Estos cuatros ex ediles, dos de los cuales -Tomás García Félix y Catalina Murillo- trabajan para Onde 2000, la constructora de Hernando que promueve la urbanización de El Quiñón, eran mencionados expresamente, junto a José Luis Martín Jiménez, en la denuncia que el 14 de julio de 2006 presentó Manuel Fuentes ante la Fiscalía Anticorrupción y que ha derivado en la denuncia contra el ex alcalde de Seseña.

Fuentes, que ha dicho que no puede entender cómo Hernando puede comunicar que esas otras personas se van a querellar, ha afirmado que el Ayuntamiento estudiará personarse como acusación particular por el perjuicio causado a los intereses del municipio en la causa que se abra en los juzgados de Illescas tras ser denunciado Martín, aunque eso lo tendrá que decidir el pleno municipal.

Manuel Fuentes tiene ya presentadas seis querellas por Hernando, que además tiene planteada una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de 46 millones de euros por las viviendas que dice que no vende por culpa del alcalde, y otra querella de Felipe Sancho.

En el Residencial Francisco Hernando, del Quiñón, donde "Paco el Pocero" proyectó 13.508 viviendas, para las que el Ayuntamiento sólo ha dado 5.096 licencias de edificación, las últimas en enero de 2006, y 3.000 de primera ocupación, hay censadas 1.100 personas, según Fuentes, que ha indicado que este núcleo de población, situado a 3 kilómetros del pueblo tiene como único servicio un colegio.

El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Cayo Lara, también presente en la rueda de prensa, ha mostrado su satisfacción por que se hayan acabado los constantes rumores sobre que la denuncia del alcalde para que se investigaran irregularidades en la tramitación del PAU del Quiñón, un proyecto de 13.508 viviendas sobre 1,8 millones de metros cuadrados que fueron recalificados, iba a ser archivada.

Ha señalado que en los próximos días o semanas IU decidirá si se persona en la causa, en cuya instrucción quiere participar de manera activa porque "quedan muchas preguntas por resolver", como si los seis concejales que votaron a favor de la aprobación inicial del PAU del Quiñón el 8 de mayo de 2003 prevaricaron al igual como Martín o quién era la otra persona que sería necesario participara para que el ex alcalde pudiera cometer cohecho.

Lara ha denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE de Toledo ampararon a Martín, que dejó el Ayuntamiento tras no ser reelegido alcalde en 2003, durante los años en que Anticorrupción ahora ha detectado que el ex regidor obtuvo un incremento patrimonial no justificado y ha afirmado que el PSOE sigue sin explicar cuáles son los hechos graves que llevaron a disolver la agrupación local de Seseña en 2003.

Ha acusado también al vicesecretario provincial de Organización del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, de impedir desde su puesto en la Mesa de las Cortes regionales que la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha fiscalizara las cuentas del Ayuntamiento de Seseña entre 1999 y 2003, cuando lo gobernaba el PSOE, y que ahora son investigadas por el Tribunal de Cuentas a partir de 1996.

Lara ha criticado que la Junta "tergiverse" la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, pues ésta no dice que su actuación fuera correcta y escrupulosa ni descarta un posible trato de favor en la tramitación del PAU del Quiñón, sino que extiende su denuncia a "cualesquiera otras personas que de la instrucción de la causa resulten responsables".

Respecto a la necesidad de adoptar medidas cautelares contra Martín, que, según el actual alcalde sigue censado en Seseña pero que acude a Málaga con frecuencia por motivos de trabajo o para veranear y que tras dejar el Ayuntamiento se dedicaba a la compra-venta de terrenos, tanto Lara como Fuentes consideran que eso corresponde a la justicia.

Con relación al incremento patrimonial que pudo lograr Martín, estimado por Anticorrupción en 672.000 euros, IU cree que puede ser mayor, pues esa es sólo la cifra que ha descubierto la Fiscalía, aunque IU en sus demandas calcula que el ex alcalde y familiares de éste pudieron ver crecer su patrimonio en 12 millones de euros, de los que 6 millones serían en propiedades urbanas.

Respecto a la denuncia que se presentó en el año 2000 contra Martín por las bodas que celebraba fuera del Ayuntamiento y por las que cobraba unos 180 euros, Lara ha señalado que se archivó porque el fiscal no apreció indicios de delito, aunque sí consideró reprochable lo ocurrido.

Según Fuentes, en aquella etapa en seis meses se llegaron a oficiar 158 bodas civiles en el Ayuntamiento de Seseña y los funcionarios del registro estaban "locos porque no daban abasto".