Archivo de Público
Miércoles, 9 de Julio de 2008

El Constitucional revoca el despido en 2003 de una embarazada

RAÚL BOCANEGRA ·09/07/2008 - 20:31h

El 11 de diciembre de 2003, María Paz C.D. recibió una carta del ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) para el que trabajaba desde 2000 en la que le anunciaba que su contrato terminaba el 31 de diciembre de ese año. Mari Paz estaba en ese momento embarazada y de baja por problemas surgidos durante su estado. Un mes antes, el ayuntamiento, gobernado entonces por PSOE e independientes, había contratado a otra persona para cubrir su plaza de trabajadora social. Ahora –cuatro años después– el Tribunal Constitucional (TC) ha amparado a María Paz y revocado su despido –al anular una sentencia del TSJA– porque el ayuntamiento la discriminó por razón de sexo (art. 14 CE).

María Paz trabajaba en el consistorio de Bormujos desde el 23 de marzo de 2000.  Encadenó varios contratos anuales por obra o servicio. El último de ellos, iniciado el 1 de enero de 2003, lo fue por obra o servicio a tiempo parcial, transformado el 8 de septiembre en otro a tiempo completo. Ese año, a diferencia de los anteriores, no fue renovada. El ayuntamiento justificó su decisión “en base a su libertad para contratar a quien quisiera, así como en el hecho de que estando una persona de baja médica, no es posible físicamente efectuar una contratación”, según el fallo.

El TC argumenta que “siendo ésa la única razón aducida”, no se puede tener la certeza de que el despido no vino por el embarazo. Su doctrina establece que es el empresario (en este caso, el ayuntamiento) quien debe probar que no actuó contra la Constitución cuando haya indicios de una conducta discriminatoria.

María Paz agotó todas las vías de que disponía para que se le reconociera su derecho. Acudió al juzgado de lo social número 8 de Sevilla, quien el 30 de marzo de 2004 declaró nulo su despido, por discriminatorio. El ayuntamiento recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó el 5 de noviembre de 2004 justificado el despido dado que a la finalización de un contrato, la empresa no tiene obligación de volver a contratar. Esta es la sentencia anulada.

Entonces, María Paz interpuso recurso de casación al Supremo. Fue inadmitido. Acudió entonces al TC. Éste no anuló el auto del Supremo, que considera motivado, “independientemente de que se vea afecctado por el fallo”.