Viernes, 2 de Noviembre de 2007

El Poder Judicial insta a la Fiscalía a acelerar otro caso en el Ayuntamiento de La Línea

Pretende atajar la demora en la tramitación de una querella presentada contra el alcalde por la presunta contratación ilegal de casi 140 empleados municipales

ALICIA GUTIÉRREZ ·02/11/2007 - 20:54h

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que adopte las "medidas necesarias" para atajar la demora en la tramitación de una querella presentada en 2001 contra el alcalde de La Línea (Cádiz), Juan Carlos Juárez, por la presunta contratación ilegal de casi 140 empleados municipales que, según los denunciantes, procedían del entorno del GIL, formación bajo cuyas siglas ganó el regidor linense las elecciones de 1999 y a la que perteneció hasta su pase al PP en 2003.

Tras innumerables retrasos, el caso llegó a la Fiscalía de Algeciras para su calificación el 24 de enero de 2007. Y allí permaneció hasta el 10 de septiembre, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga al ministerio público cinco días hábiles para efectuar el trámite de calificar: es decir, para precisar qué delitos observa y qué penas solicita para los imputados o, al contrario, para solicitar el archivo.

Este periódico no pudo contactar ayer con el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, hijo del padre de la Constitución y ya fallecido dirigente del PP Gabriel Cisneros, para conocer su opinión. Fuentes de la acusación popular, ejercida aquí por el PSOE y por José Carrión, policía local en excedencia, subrayaron que aún no se les ha dado traslado de la calificación, si es que ya la hay, pese a que el expediente salió el 10 de septiembre de la Fiscalía de Algeciras con destino al juzgado número 3 de La Línea, que instruye las diligencias.

La decisión del Poder Judicial de poner el asunto en manos de la Fiscalía General se produce como consecuencia de la queja presentada en junio por Carrión ante los retrasos acumulados por la instrucción. En su respuesta, fechada el pasado 18 de octubre, la Unidad de Atención al Ciudadano del CGPJ corrobora la existencia de demoras y dice lo siguiente: "(...) la causa permaneció en la Fiscalía desde el 24 de enero de 2007 al 10 de septiembre de 2007, por lo que damos traslado a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado para la adopción, en su caso, de las medidas necesarias para solventar esta situación".