Las autopistas son bienes inmuebles especiales que pagan IBI.

Las empresas de energía y las constructoras afrontan una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que pagan por centrales eléctricas, nucleares, refinerías y autopistas. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que adecuará "a la realidad" el valor catastral de estos bienes inmuebles, además de los puertos, aeropuertos y presas. La primera consecuencia es que las empresas tendrán que pagar más IBI, ya que se basa en esa valoración catastral, como explicaron ayer diversos expertos en infraestructuras y admitieron fuentes del Ministerio de Economía.

El segundo efecto podrían sufrirlo los ciudadanos que pagan por usar las autopistas, por la electricidad de las centrales y por el combustible que sale de las refinerías, ya que, si la subida es fuerte, las empresas la trasladarán a los precios que cobran por sus servicios. "¿Quién pagará este aumento de impuestos? El ciudadano", anticipaba ayer gráficamente un experto del sector de infraestructuras.

El Catastro no hacía valoración de esas infraestructuras e instalaciones desde hace 10 años, un periodo considerable como para que ahora sea razonable actualizarlo, explican fuentes del ministerio de Pedro Solbes. De momento, no se ha establecido en qué proporción aumentará el valor, ya que el Catastro tiene hasta el 31 de diciembre para terminar de cuantificarlo.

Los ayuntamientos deciden

Una vez esté fijado el valor catastral, serán los ayuntamientos, que tienen la gestión compartida del IBI, los que decidan en qué medida subirán ese impuesto por cada central eléctrica o cada autopista. Sin embargo, es el Ministerio de Economía el encargado de fijar las normas fiscales. El porcentaje que ahora reclaman los ayuntamientos está regulado en un decreto de 2004.

Actualmente, los consistorios ingresan el 0,6% del valor catastral que tienen las autopistas, las centrales, las refinerías, los puertos, los aeropuertos y las presas que pasan o están en sus términos municipales. Existe, no obstante, la posibilidad de variarlo, con unos topes, en ciertos casos.

Por otro lado, hasta ahora las empresas menos perjudicadas por el IBI eran las constructoras, dueñas de las autopistas del país, ya que cuentan con una bonificación del 95%.

Batalla por el impuesto

Tanto el impuesto en sí como la ventaja fiscal de las concesionarias de autopistas ya han generado protestas de las empresas y de los ayuntamientos. Las constructoras han reclamado al ministerio que elimine este IBI. "Es un impuesto sin lógica que se debe suprimir y que no existe en otros países europeos", señala Fernando Gutiérrez de Vera, presidente de Seopan Concesiones, que agrupa a las grandes constructoras.

Mientras, los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, han llegado a reclamar por escrito a Solbes que acabe con el mejor trato fiscal para las autopistas.

Habrá ayuda al alquiler para parados

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que regula las ayudas al alquiler de 210 euros al mes. Desde el 1 de enero, podrán solicitar la llamada renta básica de emancipación los jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos al año. Como máximo, el subsidio dura cuatro años.

Una de las novedades es que los parados también podrán acceder a la prestación, aunque tendrán que haber trabajado al menos los seis meses anteriores o acreditar ingresos los seis meses siguientes. Asimismo, se podrán beneficiar aquellos que perciban una prestación asistencial.

También como novedad, el Gobierno cuantifica en 120 euros la ayuda para el coste de un aval de seis meses, aunque limita este subsidio y el préstamo de 600 euros para la fianza a los nuevos contratos de alquiler. Habrá control antifraude y los solicitantes tendrán tres meses para buscar piso desde que pidan la ayuda, como avanzó Público.