La reacción de Latinoamérica y África a la directiva de la vergüenza aprobada por la Unión Europea para contener la inmigración es motivo de honda preocupación en el Gobierno español. Para atajar posibles represalias y efectos indeseados, se ha puesto en marcha una ofensiva diplomática en ambos continentes que no se limitará al Ministerio de Asuntos Exteriores.

La preocupación es triple. Por una parte, las posibles represalias de índole económico de países latinoamericanos, tanto por ser suministradores de petróleo algunos de ellos como por la fuerte presencia de empresas españolas. Por otra, que pueda venirse abajo la cooperación que tanto ha costado tejer con los países africanos para frenar la avalancha de pateras. Y, con carácter general, que cale la idea de que ha dado un giro conservador a su política de inmigración cuando lo que reivindica es precisamente lo contrario: el mérito de haber conseguido que el modelo español sirva de guía para que toda la Unión Europea adopte un marco mínimo de garantías y derechos.

La ofensiva diplomática comenzó esta misma semana en Latinoamérica, aprovechando la visita que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tenía programada a Venezuela y Colombia. La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, aprovechó el viaje para desplazarse el jueves a Ecuador, el tercer país de origen del colectivo más numeroso de inmigrantes en España y el elegido como experiencia piloto para el plan de retorno “voluntario” que prepara el Ejecutivo.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, hará un hueco en las vacaciones de agosto para hacer una nueva gira por este continente, en la que aplacar los temores desatados por la directiva de la UE será objetivo prioritario.

“Tienen que saber que la directiva establece un marco mínimo de garantías, pero que no es aplicable a España”, subrayó De la Vega. Agregó que “estamos satisfechos de que empiece a haber una política común europea, aunque España es más garantista y no va a renunciar a esas garantías”. A su juicio, en España sólo se producirán “algunos ajustes necesarios, pero no hay un cambio de política”.