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Jueves, 19 de Junio de 2008

Prisión sin fianza para dos de los detenidos en Estepona

Se trata de José Ignacio Crespo, concejal del PES (Partido de Estepona), heredero del antiguo GIL y de Javier Witmeur, técnico de la delegación de urbanismo

AGENCIAS ·19/06/2008 - 22:01h

La juez que instruye la operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona ordenó el jueves las primeras penas de prisión incondiconal sin fianza para dos de los detenidos, informaron fuentes judiciales.

Se trata de José Ignacio Crespo, concejal del PES (Partido de Estepona), heredero del antiguo GIL, que está acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales y de Javier Witmeur, técnico de la delegación de urbanismo, acusado de falsedad en documento, fraude y malversación de fondos públicos.

Otros 10 de los 26 detenidos que han comparecido hasta ahora ante la juez están en libertad provisional bajo fianza, y otros tres no tuvieron que pagarla, aunque todos ellos están con cargos, según las fuentes judiciales.

La juez Isabel Conejo ha seguido tomando declaración a los detenidos, entre los que se encuentra el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, que se prevé que preste declaración el viernes.

El jueves comparecieron también dos empresarios, los hermanos Vicente y Félix Delgado, que poseen una empresa de construcción, Codelsa, y para los que la juez ha decretado libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros cada uno.

Ambos están acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricaión.

Mientras, el empresario José Antonio Bazán, dueño de un vivero con vínculos con empresas de urbanismo, quedará en libertad si paga una fianza de 300.000 euros. Está acusado de los presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

Por último, el técnico municipal de urbanismo Ignacio de la Hoz, acusado de presunto fraude y malversación, tendrá que pagar una fianza de 50.000 euros.

La trama de corrupción urbanística arranca en la anterior legisltura, a partir de noviembre de 2006 y tiene ramificaciones en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.

En la operación se han realizado 38 registros domiciliarios y societarios y se ha ordenado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y activos financieros.