Archivo de Público
Domingo, 15 de Junio de 2008

Fomento expedienta a más de 20 empresas

Álvarez afirma que las constructoras incumplen el proyecto para reformar las autovías antiguas

SUSANA R. ARENES ·15/06/2008 - 20:09h

Mano dura de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, contra las constructoras. El ministerio ha abierto un expediente sancionador a más de 20 empresas en una decisión poco habitual. Justifica que han incumplido el proyecto en la reforma de las autovías más antiguas de la red nacional, su proyecto estrella en carreteras.

Han sido expedientados nueve de los diez consorcios, formados por 28 constructoras y sus filiales, concesionarias e ingenierías, que ganaron en noviembre los concursos para remodelar las autovías A-1 Madrid-Burgos, A-2 Madrid-Barcelona, A-3 Madrid-Valencia y su continuación y A-4 Madrid-Córdoba.

El motivo es que, "en algunos casos, el proyecto no se ha entregado en plazo" y, en otros en los que ya se han empezado los trabajos de conservación de las carreteras (paralelos a la reforma) "no están cumpliendo con las condiciones de su oferta", explican fuentes oficiales del ministerio. Pero no desglosan cuáles incurren en cada incumplimiento ni tampoco qué consorcio se ha salvado de la quema.

Se trata de un pulso entre Fomento y 28 constructoras, concesionarias e ingenierías. Las compañías llevan algún tiempo reclamando que se revisen los contratos para poder afrontar los costes. Entre ellas, figuran las grandes constructoras que están agrupadas en Seopan, la patronal que levantó una polémica al fichar como presidente a David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.

Si no hay una revisión, las empresas adjudicatarias piden, al menos, acordar alguna compensación por el alza de costes de las obras que tienen que hacer antes de dedicarse a la conservación de las autovías durante 19 años, como establece el contrato de concesión, señalan diversas fuentes del sector. El ministerio reconoce que ha habido reuniones con las patronales y que éstas están preocupadas.

La consecuencia práctica de este conflicto es que siguen sin empezarse unas obras que se adjudicaron hace siete meses en un momento en el que servirían para paliar el parón de la construcción de viviendas. Los tramos adjudicados por valor de 3.331 millones pueden crear varios centenares de puestos de trabajo y generar actividad económica.

Ministerio inflexible

Sin embargo, para que comiencen los trabajos, el proyecto debe ser aprobado antes por Fomento. Las empresas están extrañadas, según fuentes del sector, porque el ministerio se está mostrando inflexible y no está admitiendo ningún cambio técnico en los proyectos, al contrario de lo que es habitual en los contratos de obras. Las adjudicatarias han introducido una serie de modificaciones técnicas, como pueden ser diferentes soluciones para eliminar tramos peligrosos y otras mejoras.

Pero las constructoras y concesionarias no están reclamando cambios sólo por los ajustes técnicos del proyecto. Algunos materiales de construcción ligados al petróleo, como el betún (que se utiliza en el firme de la carretera), han disparado su precio por la escalada del valor del crudo. Además, en este contrato de concesión (no es sólo de obra) las
constructoras adelantan el dinero de la reforma y ahora les sale más caro que hace medio año pedir los préstamos pertinentes porque ha subido el precio del dinero.

El arma legal de las empresas

El departamento de Magdalena Álvarez no se considera responsable de que las obras estén paradas y quiere solucionarlo cuanto antes. Su premisa firme es que las empresas cumplan los contratos, lo que las aboca a ceder.

Sin embargo, las constructoras tienen un herramienta legal con la que podrían solucionar posteriormente su reivindicado problema de costes. La ley de contratos públicos respalda que las concesiones tienen que contar con un equilibrio económico-financiero y si éste se rompe pueden pedir compensaciones en varios supuestos. A ello pueden recurrir las empresas si no cubren su inversión con el canon anual que les pagará Fomento durante 19 años.

Una experiencia nueva con quejas desde el principio

La reforma de las autovías más antiguas era una asignatura pendiente desde hace años. Lo puede constatar cualquier conductor que circule por ciertos tramos de la A-2, autovía Madrid-Barcelona, la A-4 Madrid-Córdoba o incluso la A-3 Madrid-Valencia. Pero el proyecto para llevarlo a cabo se demoró también largo tiempo.

El actual Ministerio de Fomento se decidió por un modelo sofisticado de financiación público-privada que hasta ahora no había puesto en práctica (otras administraciones, sí): la concesionaria adelanta el dinero de las reformas y se ocupa de mantener las autovías a cambio de un canon anual. Si la conservación de las carreteras no cumple la estricta lista de estándares de calidad, el ministerio penaliza a la empresa y le resta una cantidad de ese canon. Esto se llama pago por disponibilidad en la jerga concesionaria y permite a la Administración pagar a plazos una obra.

Pero el proyecto nació ya con quejas porque las empresas veían complicado obtener una rentabilidad mínima, su objetivo cuando pujan por un contrato público. Las adjudicatarias vuelven a plantear ahora esa reivindicación.