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Domingo, 15 de Junio de 2008

La amarga lección catalana del Estatut

Los partidos admiten que la desunión les pasó factura y esperan no reincidir con la financiación

FERRAN CASAS ·15/06/2008 - 20:05h

Un referéndum a cara de perro, cuatro millones de firmas en contra, manifestaciones, boicot a productos catalanes, un Govern hecho a ñicos, Maragall liquidado por PSC, Carod con angina de pecho y el Constitucional desprestigiado. Es la cara amarga del Estatut, la de la bronca y la sensación de fracaso colectivo por no resolver el encaje de Catalunya en España.

En el haber está un potente marco de autogobierno que puede federalizar el Estado y ha sido referente para otros territorios, que reformaron sus estatutos con espíritu catalán.

Pero los partidos catalanes con más protagonismo en el proceso que hoy hace dos años que se cerró con un referéndum no eluden la autocrítica. Los nacionalistas dejan claro que el PSOE “se amilanó”  ante el PP pero todos admiten que la falta de unidad fue el talón de aquiles y esperan que ahora, con la nueva financiación autonómica, no pase igual.

Sin objetivos claros

Miquel Iceta, del PSC, admite que faltó “fijar los grandes objetivos comunes y unidad”. Lo mismo que Joan Ridao, de ERC, que asegura que tanto CiU como los socialistas hicieron un cálculo “egoísta”. La cara de CiU fue Francesc Homs, que recientemente ha sacado libro sobre el Estatut.

Pone, como los otros dos, el acento en la falta de consenso y recuerda que Montilla “presentó en Madrid enmiendas contra el Estatut que votó el PSC”. Para él el proceso valió, pese a todo, la pena. El problema ahora, y de ahí lo lento del despliegue, es que hay “más Estatut que Govern”.

Iceta está expectante. Afirma que el calendario electoral ha retrasado el despliegue (hasta ahora irrisorio) y que éste se podrá juzgar cuando se despejen temas como el traspaso de Cercanías, los aeropuertos o la financiación. Como virtud inmediata señala que el Gobierno active medidas “de estado federal” como los informes de “impacto autonómico” para cada ley.

Esquerra rompió la baraja. Pidió el no y constató “que la izquierda española tampoco está por la España plural”. Por eso Ridao dice que sólo queda “la autodeterminación”, más ante una hipotética sentencia negativa del TC, que CiU ve faltado de legitimidad para fallar.

La Constitución no ayuda

En el frontispicio del debate queda la reflexión de un decepcionado Maragall en el sentido que antes que un nuevo Estatut hubiera hecho falta cambiar la Constitución. Iceta dice que sí, pero que para convertir el Senado en cámara territorial. Homs y Ridao, temiendo el pacto con un PP imprescindible en esa empresa, prefieren quedarse tal cual y pellizcar lo que puedan a la espera de mejor coyuntura. 

LOS ASUNTOS AMENAZADOS POR EL CONSTITUCIONAL

Infraestructuras: La disposición adicional tercera que Artur Mas y Zapatero pactaron en la Moncloa obliga al Estado a invertir mismo porcentaje que Catalunya representa sobre el PIB estatal (el 18,8%) en infraestructuras para su territorio. Es una parte del Estatut que condiciona los presupuestos generales del Estado, cuya elaboración compete a las Cortes. 
Nación catalana: El preámbulo recuerda que el Parlament ha definido Catalunya como una nación. A juicio de algunos constitucionalistas la afirmación tiene valor jurídico y choca con el artículo 2 de la Constitución, que define a España como nación formada por nacionalidades y regiones. El Estatut del Parlament iba mucho más allá en este tema.
Lengua catalana: El Estatut equipara el catalán al castellano a todos los efectos y en todos los ámbitos. La  Constitución, por contra, asegura que el castellano es un deber y lenguas como la catalana son simplemente un derecho. El recurso del Defensor del Pueblo sostiene que la oficialidad del castellano es en Catalunya “una entelequia” a causa de la equiparación.  
Bilateralidad y blindaje: El blindaje de competencias fue suavizado con la coletilla del “sin menoscabo de las estatales”, pero las que son exclusivas generan dudas. Los mecanismos de bilateralidad entre Catalunya y el Estado que contempla el texto aparecen como los puntos más polémicos, en especial en lo referido a asuntos como la financiación autonómica. 

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